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Ordenan a la administración Trump a renovar permiso de los “dreamers”

La desprotección a los «dreamers» está costando un alto precio político a Donald Trump. La última resolución, firmada por el juez John D. Bates, de la Corte del Distrito de Columbia, ordena a la Administración que acepte la renovación de permisos de trabajo de los 800.000 afectados, suspendida cuando el programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia) quedó cancelado por orden de Trump. Con una añadida argumentación que deja en mantillas el proceder de su equipo, al calificar de «arbitrario e ilegal que fallara en su explicación de por qué el programa era ilegal».

El magistrado Bates, que fue elegido por el presidente George W. Bush en 2001, va más allá de los dos jueces federales que le habían precedido en su rechazo de los argumentos oficiales, y obliga a la Administración a que continúe el proceso por el que los «dreamers» (indocumentados llegados como menores antes de 2006) pueden seguir recibiendo amparo legal.

Pese a su contundente varapalo, el juez federal otorga a las autoridades un plazo de noventa de días al Departamento de Seguridad Interior para que vuelva a presentar argumentos en defensa de la suspensión del DACA, decidida por el ocupante del Despacho Oval el pasado septiembre. Un periodo en el que queda en suspenso la tramitación de los permisos, pero tras el cual los «dreamers» quedarían definitivamente amparados legalmente, a la espera de un pronunciamiento final de la Corte Suprema, previsiblemente el próximo año.