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La OEA ve indicios para llevar a Maduro ante la Corte Penal Internacional

Los expertos afirman que hay signos de «crímenes contra la humanidad» desde 2014

El régimen de Nicolás Maduro ya se encuentra en el disparadero desde el punto de vista jurídico. Los expertos independientes a los que la Organización de Estados Americanos (OEA) encargó un informe legal para determinar si en Venezuela se habían cometido estos años crímenes de lesa humanidad, han respondido afirmativamente, tras ocho meses de trabajos de recopilación de datos y testimonios de víctimas de abusos. El informe concluye que los presuntos delitos han sido cometidos, al menos desde 2014, por «las primeras autoridades de Venezuela, como una forma organizada y sistemática de conculcar los derechos fundamentales de un sector político del país, considerado la oposición».

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El demoledor trabajo de los juristas denuncia la comisión probada de 8.292 ejecuciones extrajudiciales desde 2015, así como la detención «arbitraria» de más de 12.000 desde 2013. De ellos, al menos 289 fueron «sometidos torturas por los aparatos represivos del Estado». También da por probada la existencia de violencia sexual contra muchos detenidos, incluida «la violación y las descargas eléctricas en los genitales».

El documento, de más de 400 páginas y que apunta otros datos como los 338 presos políticos que hay en la actualidad en Venezuela, acusa al régimen de un «ataque sistemático que forma parte de un patrón en el que se han utilizado todos los resortes del Estado, también la policía política y el poder judicial».

Los expertos recomiendanque, a la luz de que existe «fundamento jurídico suficiente», la OEA remita su informe a la oficina del fiscal de la Corte Penal InternacionalFatou Bensouda, a quien sugiere abrir una investigación con vistas a un posible proceso judicial contra los responsables del régimen.

Aunque en origen fue el exfiscal del tribunal penal Luis Moreno Ocampo el que dirigió la indagación, tuvo que ausentarse tras publicarse informaciones que le señalaban como autor de transacciones financieras presuntamente irregulares. Finamente, han sido Manuel Ventura Robles (Costa Rica), Irwin Cotler (Canadá) y Santiago Cantón (Argentina), también experimentados en asuntos relacionados con posibles delitos contra la humanidad, los encargados de completar y firmar un informe que podría situar al presidente venezolano en el banquillo de la CPI. Su Gobierno renunció a participar en el proceso alegando que el presidente de la OEA «sólo perseguía derrocar a Maduro».

Una larga investigación

Desde que iniciaran los trabajos, los juristas presidieron tres audiencias públicas, en septiembre, octubre y noviembre. Comparecieron 26 representantes de la sociedad civil, víctimas del régimen chavista, desde familiares de presos y exiliados hasta cargos públicos y militares apartados y chantajeados, según las experiencias que relataron. A continuación, otras fuentes, como ONGs y otros organismos internacionales, fueron aportando información. A partir de ahí, el estudio jurídico de los expertos, apoyado en el artículo 7 del Estatuto de Roma, ha completado el informe presentado este martes.

Adelantándose al informe de la OEA, que podía esperarse negativo para el régimen, Maduro ordenó el pasado fin de semana la liberación de la mayor parte de los presos políticos. Sin embargo, la noticia, que se produjo tras la mediación del expresidente español Rodríguez Zapatero, coincidía casi en el tiempo con el arresto de otras catorce personas por idénticos motivos, según denunció la ONG Foro Penal.