Análisis de InSight Crime

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El Ministerio Público de Guatemala y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, llevan años investigando a Herrera por su presunta participación en un multimillonario escándalo de corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).

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El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015) también acusó a Herrera de vínculos con grupos narcotraficantes de Colombia, Guatemala y México en 2014.

Herrera presuntamente solicitó asilo político en Nicaragua alegando temor por su vida y su seguridad, según La Prensa. Se dice que Herrera dijo al Ministerio de Relaciones Exteriores que el Ministerio Público de Guatemala y la CICIG han emprendido un proceso criminal “ilegal” en su contra.

El ministerio de relaciones exteriores de Nicaragua citó los derechos humanos como una de las principales razones para otorgar el asilo a Herrera, según La Prensa.

El otorgamiento de asilo político a Herrera en Nicaragua se da en medio del ahondamiento de una crisis social y política que ha dejado más de 300 muertos, miles de heridos y cientos de personas más detenidas de manera arbitraria o desaparecidas a la fuerza, según información del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH). La policía y grupos paramilitares apoyados por el gobierno han sido los actores de la abrumadora mayoría de la violencia.

Análisis de InSight Crime

Herrera es apenas el último fugitivo centroamericano que desata controversia que busca asilo político en Nicaragua o lo ha obtenido, y esta tendencia creciente puede tener un gran impacto en los esfuerzos colectivos de la región por combatir el crimen y la corrupción.

El expresidente de El Salvador caído en desgracia Mauricio Funes (2009-2014) se esconde actualmente en Nicaragua luego de que se le otorgara asilo político en septiembre de 2016. Eso le ayudó a evitar una condena por enriquecimiento ilícito durante su periodo como presidente. Manuel Baldizón, operador político guatemalteco que enfrenta cargos por soborno en relación con el caso de corrupción de Odebrecht, había ido anteriormente a Nicaragua buscando un asilo de facto hasta su arresto en enero de 2018. El ganadero hondureño Ulises Sarmiento, sospechoso de tener vínculos con el crimen organizado desde hace varios años, y su familia adujeron persecución política para solicitar asilo en Nicaragua en 2015.

Mientras que Baldizón y Sarmiento nunca recibieron asilo oficialmente es probable que hayan podido buscar refugio temporalmente en Nicaragua a través de sus conexiones con el presidente Daniel Ortega y la élite de ese país.

Pese al hecho de que Nicaragua firmó en 1987 un tratado de extradición con los gobiernos centroamericanos de El Salvador, Costa Rica, Guatemala y Honduras, el experto en seguridad nacional de Nicaragua Roberto Orozco comentó a InSight Crime que no hay “posibilidad” de que se extradite a fugitivos asilados en Nicaragua.