Análisis de InSight Crime

 

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Jimmy Morales, el presidente guatemalteco, ha puesto a su país al borde de una crisis constitucional en su afán por deshacerse de la comisión investigadora internacional que lo ha acusado, entre otras cosas, de financiar de forma ilegal la campaña electoral que lo llevó al poder en Guatemala. En su afán Morales ha incumplido órdenes del Poder Judicial y se ha mostrado dispuesto a usar de forma ilegal la fuerza pública para llevar adelante sus planes.

El pasado 7 de enero de 2019, el gobierno de Morales comunicó a la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, a través de su ministra de Exteriores, su decisión unilateral de terminar con el convenio que dio vida, en 2006, a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un ente supranacional financiado con fondos de varios países que funciona como una fiscalía adjunta al Ministerio Público local.

Entre los argumentos que la administración Morales ha utilizado para informar a la ONU que desconoce a la CICIG están que la comisión excedió sus atribuciones y que sus funcionarios “participaron en actos violatorios de las leyes, incluyendo prevaricato, abuso de autoridad, actos en contra de la Constitución, órdenes ilegales y sedición”, según reportó Prensa Libre.

Morales armó, en la casa de gobierno en Ciudad de Guatemala, una multitudinaria conferencia televisada para anunciar al país su decisión de acabar con el mandato de la  CICIG. Para defender su posición, el presidente acudió a familiares de empresarios, un exfuncionario y un ciudadano ruso que han sido investigados —y en el último caso condenado— por delitos que van desde el uso de documentos falsos hasta las ejecuciones extrajudiciales. Todos ellos, arguyó Morales, han sido víctimas de acciones arbitrarias que él atribuye a la CICIG y al MP.

El 8 de enero de 2019, un vocero de la CICIG anunció que el personal no guatemalteco de la Comisión saldría del país como medida de prevención por la falta de garantías de seguridad y operación. La comisión no cerrará su sede en la capital y el personal local seguirá trabajando.

Desde su llegada al país hace una década, y sobre todo en los últimos cuatro años, CICIG ha ayudado al MP a esclarecer casos de corrupción y criminalidad organizada que involucran a expresidentes, diputados, alcaldes e importantes empresarios; varios de ellos están ahora en la cárcel.

De hecho, los protagonistas de la conferencia de prensa del lunes anterior, incluido el presidente, conforman un muestrario de los poderes a los que la Fiscalía guatemalteca y la CICIG han afectado al investigarlos por su participación en todo tipo de crímenes.

Análisis de InSight Crime

La denuncia unilateral del convenio que da vida a CICIG no tiene, por ahora, efectos prácticos: para que la comisión deje de operar antes de que su mandato expire en septiembre de 2019 aún faltan varios pasos legales que escapan, en teoría, a la decisión de Jimmy Morales.

La existencia de CICIG está regulada por la Convención de Viena sobre el derecho de tratados, legislación internacional adoptada por el Estado guatemalteco. El acuerdo firmado entre Guatemala y la ONU establece, en su artículo 14, que este tiene una vigencia de dos años. La última vigencia fue renovada por el mismo Morales el año pasado, lo cual pone la fecha de vencimiento del acuerdo el 3 de septiembre próximo.

El mismo acuerdo establece que si una de las partes quiere denunciarlo, es decir terminarlo unilateralmente, debe dar aviso con 12 meses de anticipación, lo que es imposible porque el pacto tiene ya solo 8 meses de vida.

El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, dijo el lunes mismo que rechaza la petición guatemalteca y reiteró que CICIG está viva al menos hasta el fin de su mandato actual.

Algo que ha quedado claro tras los acontecimientos de los últimos días es que las élites empresariales, otrora afines a CICIG, harán cuerpo con Morales sin importar las consecuencias. En una rápida reacción tras el anuncio presidencial, la cúpula empresarial dio una conferencia de prensa para acuerpar al mandatario.

Las últimas movidas de Morales en este tablero también han empujado a otros actores a posicionarse más claramente a favor de CICIG y las investigaciones contra la corrupción o a reiterar sus apoyos y oposiciones.

Así, por ejemplo, el intento de impedir el ingreso al país del investigador colombiano el sábado anterior, empujó a la fiscal general Consuelo Porras, que hasta entonces se había mostrado tibia para contravenir a Morales, a ordenar el arresto de los funcionarios del Ejecutivo que intentaron deportar al funcionario de la CICIG.

Álvaro Arzú Escobar, presidente del Legislativo e hijo del fallecido expresidente Álvaro Arzú Irigoyen -también investigado por la CICIG y el MP-, ha dicho que hay votos para apoyar la decisión del presidente de denunciar el tratado. La decisión del Congreso, de acuerdo con la ley guatemalteca, no es vinculante.

Las posiciones en Estados Unidos, uno de los países que más aporta al financiamiento de la CICIG, también han quedado más claras. Cuando Donald Trump llegó al poder, el apoyo incondicional de la administración Obama a la comisión empezó a debilitarse, e incluso permitió el empoderamiento de funcionarios que utilizaron pertrechos donados por Washington para amedrentar a la CICIG. Tras los últimos eventos, sin embargo, los demócratas, que hoy son mayoría en la cámara baja, han advertido a Morales que suspenderán ayudas y lo han tildado abiertamente de corrupto. El senador Patrick Leahy, uno de los más influyentes en temas centroamericanos en la cámara alta, ha dicho al guatemalteco que no es bienvenido en Estados Unidos.

Parece obvio, sin embargo, que el presidente Morales está dispuesto a llegar incluso más allá de lo permitido por la ley y de las presiones internacionales en su afán por expulsar a la comisión y bloquear el avance de investigaciones en curso o la apertura de otras nuevas. Por ahora ya ha intentado contravenir la autoridad del Poder Judicial, algo que la Constitución guatemalteca le impide, pero también ha mostrado intención suficiente de acudir a la fuerza pública para mantener en firme sus decisiones.

La chispa de la crisis constitucional está encendida. Jimmy Morales está resuelto a atizarla.

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