Estos episodios de represión, que marcaron la jornada del sábado 23 de febrero de 2019, dejaron al menos cuatro muertos y más de 285 heridos. Entre las víctimas se contabilizan decenas de indígenas de la etnia Pemón -que debieron buscar refugio en territorio brasilero- y algunos periodistas que fueron robados, perseguidos y amenazados por estos grupos armados.

Las cámaras de los medios de comunicación y los videos de testigos, captaron como hombres vestidos de negro, en motos, con armas largas y pistolas 9 mm, actuaban en manadas contra manifestante que rechazaban al gobierno de Nicolás Maduro. De la misma manera registraron la “cacería” de algunos manifestantespor parte de funcionarios uniformados de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), que los perseguían en tanques y vehículos de guerra en Ureña, estado Táchira, y Santa Elena de Uairén, estado Bolívar.

Pero, ¿quiénes son en realidad estos grupos? ¿Por qué defienden la fallida revolución socialista de Maduro? ¿Qué tan fuerte es su lealtad a un gobierno que ha sido desconocido por más de 50 países y señalado de estar vinculado con el crimen organizado? ¿Están estos “ejércitos” preparados y dispuestos a enfrentar una eventual intervención en Venezuela? El siguiente análisis de InSight Crime intenta responde estas interrogantes.

“El Cartel de los Soles” cuida lo suyo

Para nadie es un secreto que los militares son el sostén principal del Gobierno de Maduro. Pero en realidad cuál es el peso de su apoyo y sobre qué se basa la lealtad de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).

El militarismo ha caracterizado los 20 años de gobiernos chavistas en Venezuela. Tanto Hugo Chávez como Nicolás Maduro supieron alimentar la lealtad de la FANB colocando a los funcionarios castrenses en practicámente todas las instituciones de la administración pública, militarizando la seguridad ciudadana y creando instituciones financieras, empresas y estructuras de explotación minera, entre otras, para asegurarle a los militares nuevas funciones y fuentes de ingreso.

Narcotráfico en el régimen venezolano: El “Cartel de los Soles”

Pero, la lealtad de los militares venezolanos se basa en lucrativos negocios vinculados con el crimen organizado, como narcotráfico, minería ilegal, contrabando, extorsión y otros delitos. Este poder económico ilegalmente acumulado por militares de alto rango y pertenecientes al Cartel de los Soles, sería una de las principales razones para mantener su respaldo a Maduro.

La situación es diferente para la tropa y los oficiales de mandos medios que -aunque participan en actividades criminales y violaciones de derechos humanos- no tienen ni el poder, ni los ingresos de sus superiores, y la mayoría está expuesto a la falta de alimentos y la escasez de medicamentos.

En medio de la más reciente ola de conflictividad en Venezuela el descontento en el seno de la institución castrense venezolana se ha puesto en evidencia con el alzamiento de un grupo de soldados de bajo rango, el pasado 21 de enero, mientras que más de 411 funcionarios han escapado del régimen de Maduro en busca de la amnistía ofrecida por el presidente interino Juan Guaidó. Denuncian que han sido obligados a actuar junto a los colectivos.

Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano calcula que actualmente los cuatro componentes de la FANB (Ejército, GNB, Aviación y Armada) suman entre 136.000 y 140.000 efectivos, y agrega que 90 por ciento de la FANB está descontenta.

Los exterminadores tienen miedo

(Haga clic para ampliar la imagen)

La Fuerza de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana es un grupo élite creado durante las protestas de 2017, por Nicolás Maduro para defender la revolución. Desde entonces se convirtió en un grupo de exterminio, según la ONG Provea, involucrado en más de 675 ejecuciones extrajudiciales de personas de sectores populares, algunas de ellas señaladas de ser delincuentes.

Con aproximadamente 1.600 hombres, según indicó un funcionario del Ministerio de Interior y Justicia a InSight Crime, la FAES ha ejecutado una represión brutal en el contexto de la nueva oleada de manifestaciones antigubernamentales ocurridas en Venezuela a partir de enero de 2019.

“Este es uno de los pocos grupos policiales que se podría mantenerse leal a Maduro, porque ellos tienen un adoctrinamiento, una formación especial para actuar en función de objetivos políticos. Se crearon para atender escenarios como el que está planteado en estos momentos en Venezuela. Están preparados para matar”, dijo el funcionario desde Caracas, que pidió resguardar su identidad.

Agregó que otra de las razones por las que algunos miembros de la FAES podrían mantenerse leales a Maduro, es que muchos de ellos en realidad son miembros de los colectivos y han sido incorporados a las filas de ese cuerpo por su forma sanguinaria de actuar. Esta versión fue confirmada por otros funcionarios de la PNB y de la propia FAES, que han abandonado este cuerpo recientemente, y por líderes de colectivos que conversaron con InSight Crime desde Venezuela.

Exjefe de inteligencia de Venezuela revela vínculos con el crimen organizado

En el resto de los cuerpos policiales de Venezuela, incluidas las otras unidades de la PNB, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas hay un descontento generalizado por la situación de crisis económica y social que afecta a todos los venezolanos. Pero, por encima de todo, priva el miedo a ser calificados como traidores y ser víctimas de persecución, prisión y tortura como muchos adversarios al régimen de Maduro, aseguraron a InSight Crime funcionarios policiales. En el caso de las policías la “lealtad” se sustenta sobre el miedo.

En el SEBIN -la policía de inteligencia que persigue, detiene y tortura a disidentes- el descontento es mayor desde la confusa detención de Juan Guaidó, cuando fueron encarcelados los 12 funcionarios que la ejecutaron. Por otra parte, se desconoce el número total de funcionarios de los cuerpos de seguridad en Venezuela.

Paramilitares contra la pared 

(Haga clic para ampliar la imagen)

Desde el inicio de la tensión política en Venezuela en 2019 los colectivos han jugado un papel protagónico. Apenas Maduro tomó posesión para su cuestionado segundo mandato, los colectivos salieron a respaldarlo. Y recientemente en las fronteras con Colombia y Brasil dieron una demostración aún más contundente de apoyo al gobernante chavista.

Como Insight Crime había alertado, funcionarios del Gobierno en el estado Táchira crearon el Colectivo de Seguridad Fronteriza, integrando por disidentes de las FARC y el ELN. Su poder y violencia quedaron evidenciados el pasado 23 de enero, cuando abrieron fuego para impedir el ingreso de la ayuda humanitaria disparando contra los voluntarios y civiles de la oposición, y atacando a periodistas en San Antonio del Táchira, en el puente Simón Bolívar y Santa Elena de Uairén.

La violencia fue abrumadora que el director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, denunció que el Gobierno había sacado a presos a la calle para actuar como colectivos en la represión.

Los colectivos son civiles armados ilegalmente que surgieron durante el gobierno de Hugo Chávez y que se han consolidado como grupos de choque para defender la revolución bolivariana. Su presencia se ha extendido a 16 estados de Venezuela, actúan con el apoyo de los cuerpos de seguridad y se dedican a diversas actividades criminales como extorsión, sicariato, secuestro y tráfico de drogas. Los colectivos también participaron en la represión de protestas en 2014 y 2017, y en las Operaciones de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Los colectivos en general han expresado su apoyo a Maduro. Un miembro del Secretariado Revolucionario de Venezuela aseguró a InSight Crime que “si pasa algo nosotros vamos a tener que salir a defender al Gobierno, porque los que lleguen van a venir por uno”, dijo dejando clara su necesidad de sobrevivencia.

Sin embargo, otros tienen dudas de continuar alineados con el gobierno, pues ya no reciben los beneficios económicos que tenían y también están expuestos a los efectos de la crisis venezolana. También temen ser perseguidos por el Gobierno si intentan apartarse de la “revolución”. “Todo el mundo tiene miedo aquí, pero el pueblo ha demostrado que quiere un cambio y lo mismo ocurre con las organizaciones sociales (…) Si pasa algo, la mayoría va a salir corriendo. Pero también tenemos miedo de que nos persiga el gobierno que llegue. ¿Quién va a querer darle amnistía a los colectivos”, dijo a InSight Crime el líder de uno de estos grupos que opera en la parroquia 23 de Enero de Caracas.

La guerrilla defiende su mina

Con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la mitad del territorio venezolano y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) reagrupándose en la frontera, los grupos irregulares colombianos aportan su cuota al crimen organizado y a la inestabilidad en el país vecino.

El proceso de paz adelantado en Colombia con las FARC dejó como resultado varios grupos de guerrilleros, disidentes, dispuestos a continuar con el narcotráfico y al ELN como el enemigo número uno del Estado. Con estos antecedentes, ambos grupos ven en Venezuela una posibilidad de protegerse en la casa de un vecino que ha sido tolerante y complaciente durante los últimos 20 años. Pero además han encontrado un escenario perfecto para desarrollar y potenciar sus economías criminales.