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Las víctimas colaterales del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia

VENEZUELA

Niños y enfermos, víctimas colaterales del cierre de la frontera entre Venezuela y Colombia

Nicolás Maduro visita un complejo siderúrgico en Ciudad de Guayana (Venezuela). PALACIO DE MIRAFLORES / REUTERS

 

«Usted será el capitán de la guardia, pero no es el sargento del mundo. Está Dios, y Dios allá en el cielo le va a dar cuenta de lo que usted nos está haciendo». El chiquillo no levanta mucho más allá de cinco palmos, pero tiene valor y altura suficientes para recriminar al oficial y a su nutrido grupo de guardias nacionales bolivarianos, escudos en mano y que parecen ‘robocops’. El niño, al igual que 4.500 de sus compañeros, sólo quiere cruzar la frontera entre Venezuela y Colombia, desde Ureña y San Antonio, para volver al colegio en Cúcuta. El chavismo se lo impide: la orden de cierre para una de las fronteras más dinámicas del continente es inexorable. Y las víctimas colaterales se acumulan.

El «muro» bolivariano nunca se quitó en la frontera. Primero impidió el paso de la ayuda humanitaria y ahora lo hace con sus gentes, contra quienes han llegado incluso a intimidar con perdigonazos, pese a la corta edad de buena parte de los presentes. «Con el cierre no tenemos cómo acceder a alimentos, medicamentos, educación, servicios de salud, calzado y vestido en medio de la crisis humanitaria. Pese a que el bolívar no vale nada, allá (en Cúcuta) todo sale más económico», resume para EL MUNDO la diputada Karim Vera.

Ya han transcurrido dos semanas desde que el Gobierno de Nicolás Maduro ordenase cerrar las fronteras. Durante la clausura de 2015, tras la deportación de miles de colombianos, el Gobierno de Caracas sí permitió el tránsito de escolares y de enfermos. En 2019 ha optado por el cierre total. «Es inmoral e inhumano lo que se ha hecho en la frontera colocando paredes para impedir el paso a Colombia, negando a personas enfermas recibir tratamiento», acusó ayer monseñor Mario Moronta, obispo de San Cristóbal.

Ante el muro levantado por las fuerzas gubernamentales, la gente opta por cruzar la frontera a través de las trochas,caminos clandestinos bajo control de antiguos paramilitares y viejas guerrillas, los mismos que se benefician del contrabando de gasolina en connivencia con militares y policías, según denuncia el Parlamento. «Hoy (por ayer) por segunda vez en la semana cortaron la trocha corta. A mitad de camino hay gente armada. Hoy sólo vi cruzando a gente enferma que viene a Cúcuta a recibir tratamiento y a personajes que trabajan aquí, como yo», describe para EL MUNDO Rosa Amarista, de 45 años, quien cuida a un bebé de un año en el hogar de una pareja mixta, colombovenezolana.

En el límite fronterizo entre ambos países hay muchas trochas, pero esencialmente dos: la corta, muy cercana al Puente Internacional Simón Bolívar, que se recorre en diez minutos; y la larga, que necesita media hora. Los que cruzan todos los días pagan 2.000 pesos colombianos (algo más de medio euro) y quienes lo hacen de forma intermitente están obligados a abonar entre 5.000 y 10.000 pesos a un «guía»,además del importe por el cruce.

«Con el cierre de la frontera se agudizan todos los problemas que atacan a esta zona ya hace años. Cúcuta ya presenta pérdidas de hasta el 80% en sus ventas y eso se nota en la calle. Son miles de afectados, entre los que se realizan tratamientos médicos, estudian y se abastecen en Cúcuta», describe Gustavo Contreras, activista venezolano en el lado colombiano.

Si quienes cruzan van cargados con mucha comida, deben pagar el doble. Para todos ellos está prohibido usar el teléfono móvil, pese a que, de vez en cuando, se consiguen vídeos como el de ayer, cuando una anciana era transportada encima de una improvisada balsa de madera en la parte del río.

«Es un evidente castigo contra Táchira por su apoyo a la ayuda humanitaria y por su rebeldía. Es un estado 90% opositor», asegura a este periódico Carlos Chacón, concejal de San Antonio. «Esto es un cobro de factura de la dictadura, estamos viendo otra vez su rostro», añade.

«El pueblo fronterizo ya vivió esta desgracia en 2015, hoy la crisis es mayor. Abran la frontera por clamor del pueblo», concluye la gobernadora opositora, Laidy Gómez, quien además denuncia que en Táchira llevan 12 días sin combustible para el transporte público.