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Saturaciones policiales a nivel nacional ha provocado que los integrantes de “maras” y pandillas migren a sectores aledaños.

Desarticulación de bandas en las principales ciudades orilla delincuentes a buscar refugio en aldeas aledañas.

El incremento del narcomenudeo, la extorsión y el sicariato en aldeas que históricamente fueron comunidades pacíficas, responde a una estrategia de expansión y reclutamiento local que las “maras” y pandillas buscan implementar para moverse en sitios “rentables”, apunta la información policial.

Los elementos de las Fuerzas Antimaras y Pandillas han tenido que trasladarse a alejadas de la alta operatividad de las agrupaciones.

ASOCIACIONES ILÍCITAS

El vocero de Fusina, José Coello, explicó que tras la captura de líderes de esas asociaciones ilícitas en Tegucigalpa, el valle de Amarateca y en San Pedro Sula (Cortés), algunos delincuentes también migraron a departamentos como Valle, Intibucá, La Paz, y Olancho, donde incitan a jóvenes a participar en la venta y distribución de drogas, homicidios y extorsión.

“Estamos reforzando operaciones en esos sitios donde se ha aumentado la actividad criminal, en el marco de la ´Operación Confianza ll´, siendo bastante sinérgicos en el tema de la documentación, porque hay bastantes delincuentes que usan documentos falsos y huyen a las zonas rurales para evitar caer en los registros”.

Coello señaló que a la fecha reportan la desarticulación de 37 bandas criminales y el decomiso de 14,576 armas de fuego tanto en las zonas urbanas como en caseríos remotos, donde las agrupaciones criminales buscan refugio para escapar de las autoridades y tratan de replicar “células” de operatividad.

En ese contexto, destacan la “migración” del narcomenudeo también a pueblos cercanos a las fronteras con El Salvador y Guatemala, donde ya han atrapado cabecillas de la pandilla 18 y de la Mara Salvatrucha (MS-13), fugitivos de los países vecinos que llegan a sembrar el terror entre las comunidades.

En la mayoría de detenciones las autoridades logran identificar jóvenes de las comunidades rurales reclutados por los grupos de asociación ilícita.

MUNICIPIOS VULNERABLES

El Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), desde hace algunos años cataloga los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Nacaome, Juticalpa y Catacamas como los más vulnerables ante la criminalidad y violencia debido a la alta incidencia de homicidios y presencia de bandas delictivas.

Los informes indican que de los 298 municipios que conforman el territorio nacional, el año pasado solo 41 no registraron ninguna muerte por homicidio, en gran manera por la ausencia de las actividades de grupos de asociación ilícita y por tratarse de zonas bastante rurales.

Según los datos del OV-UNAH, en promedio 30 municipios registran la mayor incidencia criminal y delictiva, especialmente donde la cultura de la violencia se encuentra sumamente arraigada por patrones de conducta replicados por generaciones.

La FNAMP identificó una alta incidencia de actividad de asociación ilícita en los municipios de Sabanagrande, Valle de Ángeles, Cantarranas, Villa de San Francisco (Francisco Morazán) y Morocelí (El Paraíso), este último donde está enclavada la cárcel de máxima seguridad de La Tolva o “El Pozo II”.

Los entes de seguridad de Fusina reportan en 2019 el decomiso de 14,576 armas de fuego y de 25,902 municiones a las estructuras criminales.