2 de septiembre de 2024
Desde diciembre de 2022, Honduras ha vivido bajo un estado de excepción que ha sido prorrogado en catorce ocasiones. Esta medida, inicialmente justificada como una respuesta a la creciente inseguridad, se ha convertido en un modelo de gestión que levanta serias preocupaciones tanto por sus resultados como por sus implicaciones para los derechos ciudadanos.
La Policía Nacional, uno de los actores principales en la implementación de esta política, se muestra satisfecha con los resultados, pero los expertos y defensores de derechos humanos cuestionan su verdadera efectividad. Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), advierte sobre el peligro de considerar el estado de excepción como un modelo permanente de seguridad. «El Estado debería estar enfocado en garantizar y proteger los derechos y garantías ciudadanas, no en suspenderlos o limitarlos», sostiene Castañeda, poniendo en duda la legalidad y ética de una medida que parece haber dejado de ser temporal.
Impacto en los Derechos Humanos: Un Alarma en Aumento
Desde que se implementó el estado de excepción, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha recibido más de 600 denuncias por abusos y violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad durante operativos y allanamientos. Las víctimas reportan casos de implantación de pruebas falsas, agresiones físicas, y otros abusos justificados bajo el manto de la lucha contra el crimen. Esta «mala percepción» del estado de excepción, como la define Castañeda, se debe en gran medida a los excesos cometidos por quienes, amparados por el decreto, actúan con una autoridad prácticamente ilimitada.
Raúl Pineda Alvarado, otro experto en seguridad, considera que la medida se ha malinterpretado y peor ejecutado, transformándose de una herramienta para facilitar procesos de allanamiento en un instrumento que otorga un poder desmedido a la Policía. «Hemos pasado de una sociedad militarizada a una donde la Policía ejerce un control incontrolado», señala Pineda, destacando que el estado de excepción, lejos de reducir la actividad criminal, ha permitido la extensión de un poder policial que cada vez más se asemeja a un estado policial.
Contradicciones en los Resultados: La Lucha Contra la Extorsión
A pesar de las declaraciones de la Secretaría de Seguridad que defienden los supuestos éxitos del estado de excepción, los datos no respaldan esa narrativa. En 2019, el Ministerio Público presentó 444 requerimientos fiscales contra extorsionadores, pero en 2023, bajo el estado de excepción, esa cifra cayó drásticamente a 112. «Esto indica una reducción del 75% en la actividad del Ministerio Público, mientras que el presupuesto de la Secretaría de Seguridad aumentó», destaca Castañeda, subrayando una preocupante desconexión entre los recursos invertidos y los resultados obtenidos.
Vigilancia y Miedo: La Nueva Realidad para los Ciudadanos
La sensación de vigilancia constante y el miedo se han instalado en los hogares hondureños. Bajo la justificación del estado de excepción, la Policía Nacional opera con una autonomía que a menudo conduce a excesos. Los expertos señalan que, protegidos por el decreto, se han cometido violaciones graves de los derechos humanos, incluyendo agresiones sexuales y torturas durante los operativos. Este abuso de poder, lejos de ser una excepción, parece haberse convertido en una norma preocupante.
El Futuro de la Seguridad en Honduras: Una Necesaria Reflexión
El estado de excepción, que en teoría debería ser una medida temporal, corre el riesgo de volverse una característica permanente del paisaje político y social de Honduras. Con cada extensión, la Policía Nacional adquiere más poder, mientras que los mecanismos de control y selección se debilitan. Pineda advierte que este proceso ha convertido a la Policía en un objetivo del crimen organizado y en una salida laboral atractiva, aunque peligrosa, para los desempleados del país.
«La pobreza, la falta de controles y el atractivo de disfrutar del poder que otorgan una placa, un uniforme y una pistola hacen que muchos quieran ser policías, pero con una calidad muy modesta», concluye Pineda. Mientras tanto, los ciudadanos hondureños continúan viviendo bajo un régimen de seguridad que parece priorizar el control y la represión sobre la protección de sus derechos fundamentales.
