Villanueva, Cortés— Este jueves, conductores y propietarios de transporte público de Villanueva, Cortés, decidieron paralizar sus unidades como medida de protesta contra el imparable cobro de extorsión por parte de grupos criminales. La situación ha generado un fuerte impacto en la movilización de los ciudadanos, quienes se han visto obligados a buscar alternativas para llegar a sus destinos.
Los protagonistas de la manifestación, entre ellos Juan Carlos Martínez, representante de los conductores, y Alberto Mejía, propietario de varias unidades de transporte, encabezaron las protestas a la orilla de la carretera CA-5. Según explicaron, ya no soportan las exigencias económicas impuestas por las maras y pandillas, que cobran a través de billeteras electrónicas, un método que ha facilitado el control criminal sobre el sector.
La protesta se extendió más allá de Villanueva, con rutas de San Manuel y Potrerillos sumándose a la paralización. Manuel Rodríguez, conductor de una de las rutas afectadas, señaló que las autoridades han sido incapaces de garantizar la seguridad en la zona. «No podemos seguir así, con miedo a diario de que nos quiten lo poco que ganamos», declaró con frustración.
A pesar de que la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) ha recibido un presupuesto superior a 1,400 millones de lempiras en los últimos dos años, el impacto en la reducción de la extorsión sigue siendo limitado, según denuncian los transportistas. Para ellos, la solución pasa por un mayor control sobre las herramientas digitales utilizadas por los extorsionadores.
Las fuerzas policiales se desplegaron en la zona para evitar que los manifestantes bloquearan por completo la autopista hacia San Pedro Sula, asegurando que la circulación vehicular no fuera interrumpida. Mientras tanto, cientos de usuarios del transporte público intentan lidiar con la situación buscando otras formas de llegar a sus trabajos, especialmente aquellos que laboran en la Capital Industrial.
Las demandas del sector transporte son claras: mayor seguridad y medidas efectivas contra la extorsión que ha mantenido en jaque a los conductores y propietarios durante años.
