Congreso endurece castigos contra extorsión y aprueba nuevas figuras contra estructuras criminales
El Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete de reformas al Código Penal y al Código Procesal Penal orientado a reforzar la lucha contra la extorsión, el sicariato y las estructuras criminales organizadas. La iniciativa, impulsada por la Secretaría de Seguridad, fue respaldada por los 128 diputados durante la sesión legislativa celebrada en Tegucigalpa.
Entre los cambios más relevantes destaca la modificación del delito de extorsión, que ahora será castigado con penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de multas económicas. Las reformas también establecen prisión perpetua cuando este delito provoque la muerte de una persona. Asimismo, se elimina la posibilidad de aplicar procedimiento abreviado a quienes participen en estas acciones criminales.
El nuevo marco legal amplía la responsabilidad penal no solo a quienes realizan amenazas directas, sino también a personas involucradas en la recolección del dinero, transferencias bancarias, uso de cuentas electrónicas o recepción de bienes obtenidos mediante extorsión. Según lo discutido en el Congreso, las reformas buscan atacar las redes financieras que sostienen a las maras y pandillas.
Otro de los puntos aprobados fue la reforma al artículo 587 del Código Penal, que permitirá considerar como asociaciones terroristas a maras, pandillas y organizaciones criminales nacionales o transnacionales que operen mediante intimidación, violencia sistemática o control territorial sobre comunidades y sectores económicos.
El diputado Marcos Paz, presidente de la Comisión de Seguridad, explicó que las nuevas disposiciones también obligarán a empresas de telecomunicaciones y servicios digitales a mantener registros actualizados y verificables de sus usuarios, además de responder con mayor rapidez a solicitudes judiciales relacionadas con investigaciones criminales.
Durante el debate legislativo también surgieron opiniones críticas sobre el endurecimiento de las penas. El abogado Fernando González consideró que el aumento de castigos no resolverá por sí solo el problema de la criminalidad si no se fortalecen las políticas de prevención e investigación en Honduras.
