Tegucigalpa, Honduras. El abogado penalista Salomón Salazar explicó que la investigación impulsada por el Ministerio Público contra exmiembros de la comisión permanente del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, podría derivar únicamente en la suspensión para ejercer cargos públicos debido a las disposiciones del actual Código Penal.
El jurista detalló que los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios contemplan penas de tres a seis años, pero sin prisión, ya que la normativa establece como sanción la inhabilitación para desempeñar funciones públicas durante el tiempo de la condena.
Salazar recordó que estas disposiciones provocaron que el actual Código Penal fuera denominado por distintos sectores como el “código de la impunidad”, al considerar que no impone castigos carcelarios en casos relacionados con corrupción y abuso de funciones estatales.
Asimismo, indicó que el delito de violación de los deberes de los funcionarios mantiene el mismo tratamiento legal, por lo que las sanciones continúan siendo de carácter administrativo y no privativas de libertad.
El penalista también cuestionó la falta de voluntad política para reformar la legislación vigente y endurecer las penas en delitos vinculados a corrupción. Según expresó, los hechos relacionados con funcionarios públicos deberían recibir sanciones más severas para garantizar justicia y evitar la repetición de conductas ilícitas dentro del Estado.
