La masacre de 20 jornaleros registrada el pasado 21 de mayo en la aldea de Rigores, en el departamento de Colón, continúa generando indignación, miedo y exigencias de justicia entre los pobladores del Bajo Aguán, una región marcada históricamente por conflictos agrarios y hechos violentos.
Habitantes de la zona relataron que viven bajo constante temor y denunciaron que en las últimas décadas decenas de campesinos han perdido la vida en medio de disputas por tierras y acciones de grupos armados. Algunos sobrevivientes y familiares de las víctimas señalaron que temen hablar públicamente por posibles represalias.
La tragedia dejó entre las víctimas a mujeres y menores de edad, además de familias destruidas, niños huérfanos y mujeres embarazadas viudas. Pobladores cuestionaron la respuesta de las autoridades, calificando de insuficiente la actuación de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas tras la matanza.
La Plataforma Agraria del Bajo Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán condenaron el crimen y exigieron una investigación independiente encabezada por un equipo especializado ajeno a la región, con el fin de identificar tanto a los autores materiales como a las estructuras responsables detrás del ataque.
Ambas organizaciones también pidieron la intervención urgente de fuerzas de seguridad capacitadas para proteger a la población, bajo observación internacional, debido a la creciente violencia que afecta a las comunidades campesinas del Aguán.
Algunos trabajadores agrícolas de Rigores y Tocoa manifestaron su desconfianza hacia la Policía Nacional, asegurando que existen presuntos vínculos entre agentes de seguridad y grupos armados contratados para intimidar a campesinos que reclaman tierras. También denunciaron que las autoridades tardaron varias horas en llegar al lugar de la masacre.
El presidente de Honduras, Nasry Asfura, prometió que el crimen no quedará impune y aseguró que los responsables serán capturados y llevados ante la justicia. Sin embargo, habitantes de la zona afirmaron no confiar en las promesas oficiales debido a la falta de resultados en investigaciones anteriores.
Las organizaciones campesinas señalaron además que desde mayo de 2025 existe una escalada de violencia protagonizada por estructuras armadas vinculadas al crimen organizado. Entre los grupos señalados figuran el “Grupo del 8”, liderado por Harold Mejía, y “Los Canechos”, dirigidos por Nelson Castellanos, alias “El Canecho”, a quienes responsabilizan de ataques contra comunidades campesinas de la región.
