Acciones del gobierno están enviando un mensaje claro a empresas de que deberían invertir en otros lugares, no en Honduras”, dijo Dogu.
Una de estas reformas es la que se implementó en mayo de este año en el sector energía, donde se cambiaron las reglas de la Ley General de la Industria Eléctrica (LGIE) que priorizaban la inversión privada, pero que nunca se implementaron.
Además, la eliminación de las ZEDE, del empleo por hora y la intención de reducir las exoneraciones tributarias son algunos de los factores económicos conocidos que, están detrás del descontento de la embajadora de Estados Unidos, Laura Dogu, a criterio de expertos.
A mediados de semana, la Cancillería hondureña tachó de “injerencistas” las declaraciones de la representación diplomática; Dogu expresó que “desafortunadamente, algunas políticas están complicando sus probabilidades de éxito. Por ejemplo, la estrategia con el sector energético”.
“También las reformas no muy acertadas de la ley de empleo por hora. Y los mensajes del gobierno sobre la necesidad de reducir o eliminar los incentivos para inversión”. “Sin duda alguna, todas estas acciones están enviando un mensaje claro a empresas de que deberían invertir en otros lugares, no en Honduras”, dijo Dogu.
DÉFICITS RECURRENTES
En relación al sector eléctrico, el término “justiprecio” que se introdujo en estas reformas, atemoriza a los inversionistas nacionales y extranjeros, según los productores de energía renovable, porque está relacionado con extremos como la “expropiación” de plantas.
Recalcan que, desde un inicio Dogu se pronunció en contra de estos cambios, en parte, porque en este momento las empresas que buscan establecerse en la zona norte y litoral Atlántico, se topan con el problema del costo y déficit de energía.
Tal modalidad se restringió al elevarse de 500 kilovatios a 5 Megas, donde solo hay un aproximado de siete grandes consumidores, extremo que fue catalogado por los desarrolladores e inversionistas como un retroceso de país.
Exoneraciones
Los privilegios fiscales para atraer inversión que genere empleo y reduzca la pobreza, es uno de los tópicos recurrentes que recalcan los organismos multilaterales de crédito que buscan el fortalecimiento de los ingresos del Estado.
Pero desde “antes de la embajada americana nos habían dicho que no quitemos las exoneraciones, porque vamos a generar inseguridad jurídica. Son opiniones de diferentes partes” interesados, sostuvo Redondo.
