Alarmante situación en México.
Los resultados provienen de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Pública (ENVIPE), realizada en más de 100.000 hogares entre marzo y abril de 2019 por la Agencia Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México.
El estudio no se centró en los crímenes violentos cometidos específicamente por grupos del crimen organizado.
Análisis de InSight Crime
Los altos niveles de criminalidad y violencia han sido uno de los mayores desafíos de Andrés Manuel López Obrador (conocido como AMLO) desde que asumió el cargo hace casi un año, en diciembre de 2018.
México tuvo en 2018 algunas de las tasas de homicidios más altas en la historia del país, y está a punto de registrar un nuevo aumento de la violencia en 2019.
Aunque la encuesta más reciente del INEGI muestra una leve mejora en comparación con el año anterior, los bajos niveles de denuncia no deberían ser motivo de sorpresa.
Según el estudio oficial, el 31,7 por ciento de las víctimas de delitos dijeron que no denunciaron porque consideraban que era una “pérdida de tiempo” y el 17,4 por ciento dijo que “no confiaba en las autoridades”.
Esto no es sorprendente, en especial dada la larga historia de corrupción profundamente arraigada en México, la colusión oficial con grupos criminales y la impunidad sistemática.
México fue uno de los países con peor clasificación en el Índice Global de Impunidad 2017 (IGI) del Centro de Estudios Sobre Impunidad y Justicia (CESIJ) y la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
El informe evalúa la eficacia del proceso de denuncia e investigación de los crímenes, así como la frecuencia con la que se ejerce justicia frente al perpetrador, la víctima o ambos.
Entre los factores que se tienen en cuenta se encuentran la funcionalidad y capacidad de actuación del sistema judicial, el número de fiscales, jueces y agentes de policía, y las estrategias de prevención del crimen, todos los cuales necesitan refuerzo en México.
Una estadística, según la cual el acumulado de homicidios de México tardaría 124 años para ponerse al día en la resolución de casos, muestra lo alarmante de la situación.






