La diputada del Partido Salvador de Honduras (PSH) aseguró que el propósito de la propuestas es dificultar el procedimiento de expatriación, el cual se rige bajo un auto acordado aprobado en 2013.
El anteproyecto de ley de extradición hecho por la maestría de derecho penal de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) impide que los criminales salgan del país para ser juzgado en un estado requirente, según Maribel Espinoza.
En tal sentido, «el artículo 5 del proyecto de ley es una pena, habrán muchas conductas que con esa depravación legislativa que tenemos para favorecer al crimen organizado, esa gente no podrá ser extraditada», dijo.
Y es que, dicho apartado cuenta con nueve incisos (a-i) referente a casos en los que no procede la extradición, en este el ‘beneficio’ estaría en el «d», donde estipula que una persona no será expatriada por un hecho que no es delito en la ley hondureña.
«En Estados Unidos hay un delito que se denomina ‘conspiración’, precisamente una de las acusaciones del exgobernante Juan Orlando Hernández (extraditado). Ese delito no está en nuestro país», reflexionó Espinoza.
Finalmente, la congresista consideró que en este momento no hay nada que cambiar en tema de extradición.
La Constitución de la República, en el artículo 102, permite la extradición de hondureños en casos de narcotráfico, terrorismo o crimen organizado. Mientras el auto acordado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) establece el procedimiento a llevar.
Desde 2014, que se permite la expatriación, Honduras ha entregado a estados requirentes a 36 ciudadanos, entre los que destacan el expresidente Juan Orlando Hernández (21 de abril de 2022) y el exdirector de la Policía Nacional, Juan Carlos «El Tigre» Bonilla (10 de mayo de 2022).
