El anteproyecto de “Ley de Justicia Tributaria” sale del Poder Ejecutivo con varias modificaciones producto de la socialización con distintos sectores para que sea discutida y aprobada en el Congreso Nacional de la República, anunció ayer de madrugada el Servicio de Administración de Rentas (SAR).
Una de las modificaciones al decreto original, es una ampliación de cinco a diez años el plazo de vigencia de las exoneraciones tributarias, con la posibilidad de elevarlas a 20 años como máximo, manifestó el director del SAR, Marlon Ochoa.
“Son diez años adicionales y se incorpora la posibilidad de otorgar beneficios fiscales, por la vía de la excepción, al equipo y maquinaria agrícola; esto quiere decir, que los productores agrícolas ya no van a tener que hacer ningún trámite administrativo para gozar de las exenciones en equipo y maquinaria agrícola”, detalló.
Además, “se incorpora la observación de fortalecer el protocolo de acceso a información bancaria y acceso a información relacionada con el beneficiario final, entre otras”, observaciones que hicieron los diferentes sectores.
Al tiempo que se propone la derogación de los beneficios fiscales, pero el régimen seguirá en vigencia, para todas las empresas, es decir, que se respetan los derechos adquiridos previo a esta reforma, complementó el director de la administración tributaria.
De tal manera, que se derogan los beneficios del régimen zoli, importación temporal, zolitur, alianzas público privadas, para atracción de inversiones, incentivos al transporte, enlistó el funcionario.
En relación a las especies fiscales o “marchamo” que administra el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), explicó que “no se le está quitando a nadie, solo se le está respetando la Ley de Compras y Contrataciones del Estado y será sometida a licitación pública los marchamo” o precintos de seguridad en furgones.
