Nery Alexis Gaitán
La Constitución de la República garantiza el derecho a la protesta. Es fundamental en nuestro sistema democrático; de lo contrario, estaríamos en camino al autoritarismo y la dictadura. Donde no se puede protestar ni disentir de la agenda gubernamental porque es delito y se paga con cárcel o muerte.
La oposición política siempre ha luchado porque se le respete el derecho a protestar. Aquí todo mundo protesta a su antojo en los temas de su conveniencia, y el gobierno ha respetado el derecho a disentir que nos asiste a los hondureños. Sin oposición, sin derecho a la protesta, no tenemos democracia.
Es en verdad preocupante que el partido que está en el gobierno, que surge a la luz pública mediante las protestas callejeras, y en su caso plagadas de violencia y destrucción de la propiedad pública y privada, quiera criminalizar el derecho a la protesta, con el agravante que la protesta que se dio en Choluteca fue completamente pacífica y no violenta como acostumbra el Partido Libre.
Para ello, la Presidente Castro de Zelaya convocó al Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, organismo que siempre ha sido implementado para enfrentar situaciones de otra naturaleza, pero que esta vez amenaza criminalizar a los que participaron en la marcha pacífica. Este simple ejercicio democrático de los ciudadanos del sur, ha desagradado al gobierno, que camino del autoritarismo, desea eliminar el sistema democrático.
Esta intolerancia antidemocrática, de corte dictatorial, se ocasiona producto de que desean imponer una injusta ley tributaria, la cual no han socializado y ni siquiera han explicado en términos económicos el alcance de la misma. Es obvio que desean captar más recursos para llevar a cabo su nefasta agenda política en contra de la hondureñidad.
Al no poder justificar esta injusticia tributaria, recurren a lo de siempre, a su agenda política tamizada de odio y división: “Los ricos no pagan impuestos y le roban a los pobres; los empresarios han urdido un plan de desestabilización contra el gobierno porque no quieren pagar impuestos, etc.”
El proceso de socialización de esta polémica ley no lo están haciendo con todos los sectores involucrados, porque saben que es un golpe terrible a la economía que se verá afectada por una tasa impositiva mayor en los impuestos. Sabemos que hay abusos por parte de algunos empresarios que no pagan los impuestos como debe ser; ante esta situación el, gobierno debe implementar los correctivos adecuados y aplicar la ley.
Pero querer imponer una Ley de Justicia Tributaria encaminada a obtener la mayor cantidad de dinero posible, para financiar la agenda gubernamental, es un acto vil de parte del gobierno. Que no está interesado en preservar la democracia, las instituciones que la avalan, ni respetar la Constitución y las leyes.
Estas actitudes autoritarias, es decir, de naturaleza dictatorial, evidencian las verdaderas intenciones del presidente en funciones, Manuel Zelaya, por querer instaurar un régimen al estilo de Daniel Ortega en Nicaragua, donde la oposición es criminalizada y no se le permite la más mínima disidencia.
Criminalizar una protesta pacífica, solo es el inicio de la intolerancia y el autoritarismo gubernamental. Si en verdad desean poner orden en manifestaciones de tipo violento y que infringen la ley, deben empezar a procesar a sus colectivos que se manifiestan creando caos, se toman edificios y oficinas; o lo que ha pasado recientemente, que se tomaron varios centros de salud por semanas, violentando el sagrado derecho a la salud del pueblo. Pero la señora no actúa en contra sus parciales en franco irrespeto a la ley.
Este es un antecedente nefasto, para la libertad de expresión, para el derecho a la protesta y para la convivencia democrática. No debemos permitir que este gobierno izquierdista lleve el país al caos, tal como viven ahora en Nicaragua, Cuba o Venezuela.
