POR UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE VENEZUELA
A lo largo de la pasada década, millones de venezolanos han salido huyendo del colapso económico y la agitación política, lo cual ha creado una de las crisis migratorias de mayores proporciones del planeta. Este éxodo ha representado un enorme desafío político para los países en los que los migrantes han buscado paso o refugio. Al mismo tiempo, ha representado una gran oportunidad para el crimen organizado.
Más de 7,2 millones de personas han salido de Venezuela desde 2014, en medio de la debacle social, económica y política en la que se ha mantenido sumido el país. Y aunque en los últimos años, un número cada vez mayor de migrantes se ha dirigido hacia Estados Unidos en el norte, la gran mayoría —más de 6 millones— permanecieron en el Caribe y Latinoamérica, según la R4V, plataforma del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de la Organización Internacional para las Migraciones (IOM), dedicada exclusivamente a la crisis venezolana.
Los migrantes que recurren a los pasos fronterizos irregulares también representan una fuente de ingresos para los grupos armados y para redes criminales depredadoras, que extorsionan a los viajeros a su paso por su territorio, y en algunos casos incluso les roban o los secuestran, o los obligan a servir de correos humanos para el tráfico de narcóticos.
Los traficantes de personas también han capitalizado la crisis, ajustando sus tácticas de reclutamiento de mujeres y jóvenes venezolanas con ofertas falsas de empleo, becas o incluso caridad religiosa como anzuelo para lo que termina siendo explotación sexual bajo coerción.
Esta explotación criminal de la crisis migratoria venezolana ha enfrentado a los gobiernos, organismos multilaterales y grupos de la sociedad civil de toda la región y otros lugares a desafíos económicos, de seguridad y derechos humanos.
Uno de los factores que más facilita la explotación criminal de la crisis migratoria ha sido la corrupción y el abandono institucional a nivel local. Esto ha erosionado la confianza de los venezolanos en los funcionarios de migración y seguridad en toda la región, lo que impone una carga sobre los recursos humanos y financieros de las organizaciones de la sociedad civil como único mecanismo de apoyo que les queda a los migrantes.
En estas áreas, dar prioridad a la financiación de dichas organizaciones podría reducir la vulnerabilidad de los migrantes frente al crimen organizado.
Elementos corruptos de las fuerzas de migración y seguridad facilitan e incluso participan en actividades criminales, como la trata de personas, y las víctimas saben que las autoridades están involucradas y temen presentarse ante la policía, la sensación de desconfianza hacia las autoridades empuja a los migrantes hacia los traficantes de personas o coyotes, con la creencia de que estos podrán garantizar su seguridad.
Esto también permite a las redes criminales aprovecharse de una población que tiene demasiado temor de denunciar estos delitos ante las autoridades.
