Secretaría de Defensa y Recursos Naturales en el centro del debate por la opacidad en la construcción de una mega cárcel en territorio protegido; IAIP decidirá si la información permanece en reserva
23 de agosto de 2024
En medio de un creciente clima de desconfianza y suspicacia, las autoridades hondureñas enfrentan duras críticas por la falta de transparencia en torno al proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne. La falta de acceso a la información relacionada con los estudios ambientales y la aprobación de la licencia para este polémico proyecto ha encendido las alarmas entre sectores sociales, expertos ambientales y comunidades locales.
Una Opacidad que Alarma
La decisión de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) de solicitar en 2023 que toda la información relativa a la construcción de la cárcel sea mantenida bajo reserva ha generado fuertes cuestionamientos. A pesar de que la ley establece que la información ambiental debe ser de carácter público, la Sedena ha solicitado al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) que dicha información permanezca oculta, argumentando razones de seguridad nacional.
En respuesta a las múltiples solicitudes de información realizadas, la Secretaría de Recursos Naturales (Serna) afirmó que no podían proporcionar los detalles del expediente técnico ambiental debido a la reserva de información impuesta por la Sedena. Esta respuesta ha generado preocupación, especialmente considerando que la cárcel se está construyendo en una zona ecológicamente sensible, con un alto valor para la biodiversidad marina y terrestre.
Reserva de Información y Cuestionamientos Públicos
Desde que se anunció la construcción de la cárcel, un proyecto valorado en más de 1,900 millones de lempiras (aproximadamente 80 millones de dólares), diferentes sectores han exigido que se hagan públicos los estudios técnico-ambientales. El temor principal radica en el posible impacto negativo que este proyecto podría tener sobre las especies que habitan en las Islas del Cisne, un área que goza de protección ambiental.
Aunque se sabe que la licencia ambiental otorgada solo cubre la primera fase del proyecto, la naturaleza exacta de esta fase permanece bajo un manto de misterio debido a la mencionada reserva de información. Esto ha generado desconfianza en la población y en organizaciones ambientales que temen que los impactos no hayan sido evaluados de manera adecuada.
Documentos y Respuestas Oficiales
Un documento oficial de Serna indicó que la licencia ambiental SLAS-00074-2024 fue aprobada bajo estrictas regulaciones, pero no ofreció detalles sustanciales sobre las medidas adoptadas. El documento, de apenas dos páginas, destacó que se implementaron cinco medidas de control ambiental conforme al Reglamento del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, pero no especificó cuáles eran estas medidas.
Preocupaciones Ambientales y Sociales
A pesar de los intentos del gobierno por mantener el proyecto en secreto, sectores como el Colegio de Ingenieros Ambientales de Honduras han cuestionado la rapidez con la que se aprobó la licencia ambiental. Han señalado que no se han considerado adecuadamente los impactos ambientales a largo plazo, lo que podría traer consecuencias irreversibles para la región.
Ana Rosario Velásquez, experta en temas ambientales de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), expresó su preocupación por la falta de participación ciudadana en el proceso de toma de decisiones. Velásquez subrayó la importancia de escuchar a las comunidades locales y a los expertos en el tema, quienes han solicitado no solo una revisión del proyecto, sino también ser incluidos en la toma de decisiones.
“El área de las Islas del Cisne es protegida, y la construcción de una infraestructura de esta magnitud no es compatible con la sostenibilidad ambiental. El proyecto podría tener graves consecuencias para la biodiversidad marina, el turismo y las comunidades costeras que dependen de la pesca”, afirmó Velásquez.
Conclusión
El proyecto de construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne continúa rodeado de controversias y críticas, especialmente por la falta de transparencia y la posible afectación a un área protegida de alto valor ecológico. La comunidad local, los expertos ambientales y diversos actores sociales han manifestado su oposición, mientras que el destino de la información pública sobre el proyecto se encuentra en manos del IAIP y, potencialmente, de la Corte Suprema de Justicia. El desenlace de este caso podría sentar un precedente importante sobre el acceso a la información pública y la protección del medio ambiente en Honduras.
