Nicaragua se enfrenta a una intensificación en las tensiones políticas y sociales bajo el régimen de Daniel Ortega, con un marcado aumento en las «medidas represivas tanto dentro de su círculo de poder como contra la Iglesia católica», de acuerdo con un análisis reciente del Centro de Estudios Transdisciplinarios de Centroamérica (Cetcam). Este informe, divulgado el lunes, detalla la magnitud de las acciones emprendidas por el mandatario, las cuales han sacudido tanto las estructuras gubernamentales como las religiosas en el país.
Según el Cetcam, un grupo de investigadores centroamericanos con sede en Costa Rica, el círculo de poder de Ortega ha sido objeto de purgas que han alcanzado a altos funcionarios públicos y miembros clave de las fuerzas armadas. «En las semanas más recientes, el círculo de poder en Nicaragua se ha visto sacudido hasta los cimientos por las purgas de altos funcionarios públicos», afirmó el análisis. Estas medidas no solo han afectado a quienes están en posiciones gubernamentales, sino también a altos mandos de la Policía y el Ejército nicaragüense.
Funcionarios bajo amenaza
El informe subraya que «la magnitud de estas purgas es significativa», afectando a magistrados, jueces, alcaldes y secretarios políticos del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Muchos de estos funcionarios «han perdido el sueño», temiendo las consecuencias de caer en desgracia ante el régimen. Humillaciones, encarcelamientos y represalias son las realidades que enfrentan quienes, alguna vez cercanos a Ortega, han sido considerados como enemigos internos.
Una de las detenciones más recientes que ha causado conmoción fue la de Steadman Fagoth Muller, asesor presidencial en asuntos de pueblos originarios. Fagoth Muller fue acusado de intentar sustraer armamento del Ejército para actividades ilegales vinculadas al narcotráfico en la frontera con Honduras, una acusación grave que resalta la desconfianza interna dentro del propio aparato gubernamental.
Por otro lado, el 30 de agosto, ocho funcionarios públicos fueron acusados de ser coautores de delitos como fraude y malversación de fondos. Los acusados tienen vínculos con Carlos Fonseca Terán, hijo del fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, aunque él mismo no ha sido acusado formalmente. Este caso ha profundizado las especulaciones sobre las divisiones internas en el sandinismo, el partido gobernante.
La caída de figuras emblemáticas
La desconfianza y las pugnas internas también han tocado a otros personajes de relevancia dentro del régimen. En julio, Ortega destituyó a Arlette Cristina Marenco Meza, viceministra de Relaciones Exteriores, en medio de rumores sobre luchas de poder dentro del Ejecutivo. A su vez, la destitución en junio del general Rigoberto Balladares, jefe de la Dirección de Información para la Defensa, fue otra señal de las fricciones dentro de las fuerzas armadas, aunque esta acción no ha sido confirmada oficialmente por el gobierno o el Ejército.
Quizá el caso más llamativo de las tensiones internas fue el de Humberto Ortega, hermano menor del presidente, quien fue declarado «traidor a la patria» el pasado 28 de mayo. Humberto, exjefe del Ejército y uno de los líderes de la insurrección armada contra Anastasio Somoza en 1979, ha sido relegado y sometido a vigilancia en su residencia tras criticar abiertamente el modelo «dictatorial» de sucesión del actual jefe de Estado. El exjefe del Ejército fue despojado de sus comunicaciones personales y otros generales, como Orlando Talavera Siles y Jorge Guerrero, también han sido detenidos, señalando un patrón de purgas hacia quienes alguna vez fueron figuras influyentes en la defensa y seguridad del país.
La represión religiosa: un foco de conflicto creciente
La Iglesia católica no ha sido ajena a estas represiones. Desde 2018, más de 270 sacerdotes y obispos han sido encarcelados, desnacionalizados, desterrados o forzados al exilio. Aquellos que permanecen en Nicaragua enfrentan un constante acoso por parte de las autoridades, con la Policía Nacional supervisando de cerca sus actividades y restringiendo sus movimientos. Las tensiones entre el gobierno de Ortega y la Iglesia se han intensificado debido a las críticas abiertas de la institución hacia las políticas autoritarias del mandatario, lo que ha generado un clima de represión sin precedentes en el país.
Crisis política prolongada
Nicaragua atraviesa una crisis política y social que se originó en abril de 2018, cuando las protestas antigubernamentales fueron brutalmente reprimidas. Esta situación se agravó tras las elecciones de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato consecutivo. Sin embargo, la legitimidad de estas elecciones fue ampliamente cuestionada, ya que la mayoría de los contendientes principales estaban en prisión o en el exilio, tras ser acusados de «traición a la patria» y otros delitos relacionados con intentos de golpe de estado.
Ortega, quien gobernó Nicaragua por primera vez en la década de 1980 y volvió al poder en 2007, ha consolidado un régimen cada vez más represivo. Su esposa, Rosario Murillo, ocupa el cargo de vicepresidenta y ha sido señalada como una figura clave en la toma de decisiones que afectan tanto a la política interna como a la represión de las voces disidentes.
Un futuro incierto
La situación en Nicaragua continúa siendo crítica, con un panorama en el que las purgas internas, la represión hacia la Iglesia y el control autoritario de las instituciones parecen profundizarse. Mientras Ortega sigue consolidando su poder, el país se enfrenta a una creciente presión internacional y una disidencia interna que, aunque debilitada, busca vías para manifestarse. En este contexto, los nicaragüenses enfrentan un futuro incierto bajo un régimen que muestra pocos indicios de ceder ante las demandas de reformas democráticas y respeto a los derechos humanos.
