Carolina Alduvín
A partir del recién pasado lunes, nuestro principal socio comercial cambió de administración; no es nueva, sino una segunda edición del mandato del polémico Donald Trump. Lo que despierta reacciones contradictorias entre los propios estadounidenses; además de temores y esperanzas en el resto del continente y del mundo. En Honduras, tanto los decepcionados por el pésimo gobierno liebre, como los que lo adversan abiertamente, suponen que la salida de los demócratas supone una complicación a los afanes continuistas de los actuales ineptos en el poder. Sólo los economistas han manifestado enorme preocupación con las nuevas políticas vigentes desde la presente semana. Entre ellas se ven vigentes o por ponerse en práctica:
Deportaciones masivas mediante un programa para expulsar inmigrantes indocumentados, tanto los que han burlado la vigilancia fronteriza en fechas recientes, como aquellos ya establecidos en comunidades y centros de trabajo, aquellos que desempeñan los oficios que sus nacionales rechazan. Se usarán recursos del ejército, las leyes vigentes y se hará énfasis en quienes tengan antecedentes penales. Reinstauración del programa “Quédate en México”, obligando a todos los solicitantes de asilo a esperar en territorio mexicano mientras se procesan sus documentos, incluyendo a aquellos que la misma mañana de la toma de posesión ya tenían cita para regularización migratoria en las ciudades fronterizas y les fue cancelada.
Designación a los cárteles como organizaciones terroristas internacionales, en vista que la política de abrazos y no balazos del cabecita de pañal y su sucesora no han disminuido ni la violencia ni el tráfico de drogas hacia su principal mercado. Fuerzas del orden para eliminar pandillas y delincuentes de sus ciudades.
Apertura del Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico autorizando perforaciones para buscar petróleo en zonas protegidas. Revocación del Green New Deal eliminando las políticas de protección ambiental relacionadas a la transición energética. Reautorización del oleoducto Keystone, reactivando los permisos para el desarrollo de este proyecto energético, enfrentando la posibilidad de desafiar leyes en contra del mismo.
Elevación de aranceles estableciendo un 25% a las importaciones desde Canadá y México, y un 10% sobre las originadas en China; además de otros tributos desde el extranjero para enriquecer a sus ciudadanos. Declaración de emergencia nacional por déficit comercial, utilizando este recurso para justificar políticas comerciales aún más agresivas. Disminuir la inflación ocasionada por gastos excesivos. Declarar emergencia energética y políticas de exploración, utilizando el hecho de contener la reserva más grande de petróleo en el mundo y exportar energía. Mandato a la industria automotriz para salvar puestos de trabajo y que hay más vehículos manufacturados en el país
