El Estado hondureño destina entre L1,944 y L6,480 mensuales para cubrir los gastos de telefonía celular de altos funcionarios públicos, incluyendo a la presidenta Xiomara Castro, magistrados, fiscales y comisionados, según lo establecido en el Presupuesto General 2025.
La presidenta de la República, Xiomara Castro, encabeza la lista de funcionarios que tendrán acceso a 250 dólares (L6,480.20) mensuales para telefonía celular. También se asignan 175 dólares mensuales a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, miembros de la Junta Directiva del Congreso Nacional, fiscal general y adjunto, procuradores generales, magistrados del Tribunal Superior de Cuentas, titulares del Conadeh, magistrados del Tribunal de Justicia Electoral, consejeros del Consejo Nacional Electoral, comisionados del Registro Nacional de las Personas y altos mandos militares.
Gerentes de instituciones descentralizadas y alcaldes municipales reciben 100 dólares mensuales, mientras que subgerentes, jefes de recursos humanos y subcomisionados de la Policía Nacional obtienen 75 dólares mensuales para este servicio.
Impacto fiscal y cuestionamientos
La analista económica Liliana Castillo señaló que el Presupuesto 2025 continúa orientado hacia un mayor gasto corriente, sin evidenciar una intención de reducir este tipo de gastos para liberar recursos destinados a inversión productiva.
Desigualdad y percepción pública
Este gasto contrasta con la realidad de muchos hondureños que sobreviven con el salario mínimo, generando percepciones de desigualdad y privilegios en la administración pública. La asignación de fondos para servicios personales de altos funcionarios, en un contexto de limitaciones presupuestarias y necesidades sociales apremiantes, plantea interrogantes sobre las prioridades en la gestión de los recursos públicos.
Conclusión
La cobertura de gastos de telefonía celular para funcionarios de alto rango en Honduras, aunque legalmente establecida, refleja una política de beneficios que ha sido objeto de debate y crítica. En un país con desafíos económicos significativos, la asignación de recursos a este tipo de gastos plantea la necesidad de revisar y ajustar las políticas de compensación y beneficios en el sector público, buscando una mayor equidad y eficiencia en el uso de los fondos estatales.
