Tegucigalpa, 8 de septiembre de 2025.
Después de casi tres décadas viviendo y trabajando de manera legal en Estados Unidos bajo el paraguas del Estatus de Protección Temporal (TPS), miles de hondureños amanecieron este lunes sin esa protección migratoria y en condición irregular. El beneficio, que desde 1999 les había permitido residir y laborar en suelo estadounidense, llegó a su fin.
El impacto es profundo: más de 50 mil compatriotas pasan de tener un estatus legal a quedar expuestos a la deportación y sin permisos de trabajo. Esto no solo representa un drama humano para quienes se ven obligados a regresar a la clandestinidad, sino también un golpe económico para miles de familias en Honduras que dependen de las remesas enviadas por los llamados tepesianos.
Un golpe a la economía hondureña
La cancelación del TPS se traduce en un duro revés para el flujo de divisas hacia el país. Las remesas constituyen una de las principales fuentes de ingresos de los hogares hondureños y un pilar de la economía nacional. Sin permiso para laborar, los hondureños en EE.UU. enfrentarán dificultades para sostenerse y, en consecuencia, enviar dinero a sus familias.
El director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Sergio Zepeda, advirtió que la situación empeorará en caso de retornos masivos. “El mayor problema para los tepesianos que vuelvan al país, fuera de las remesas que envían a sus familiares, será encontrar empleo. En Honduras hay una crisis de empleos y no hay capacidad de absorber esa mano de obra”, subrayó.
Críticas a la gestión gubernamental
Organizaciones defensoras de migrantes y analistas responsabilizan a la administración de la presidenta Xiomara Castro por no haber desplegado una estrategia diplomática más efectiva frente al gobierno de Trump. Señalan que otros países lograron mantener el beneficio, como El Salvador, cuyos connacionales conservaron el TPS gracias a las gestiones del presidente Nayib Bukele.
“Nosotros lo advertimos desde hace muchos meses: las malas relaciones del gobierno hondureño actual con la administración del presidente Trump iban a terminar con la cancelación del TPS, pero a nadie le importó”, expresó Juan Flores, presidente de la asociación 15 de Septiembre, con sede en Miami.
Un escenario sin preparación
La falta de previsión también es motivo de preocupación. Para la experta en temas migratorios Itsmania Platera, la ausencia de un plan de contingencia es alarmante. “El gobierno tampoco está preparado para recibir a todos estos compatriotas en caso que hayan unas deportaciones masivas, como las que se esperan una vez sin TPS”, advirtió.
Los testimonios coinciden en que, más allá de las dificultades legales que afrontarán los hondureños en EE.UU., el verdadero drama se traslada también a Honduras, donde no existe una política clara de reinserción social y laboral para quienes puedan ser retornados.
Un futuro incierto
Mientras tanto, las familias hondureñas comienzan a sentir la angustia de perder un sustento que durante 27 años fue estable. Miles de migrantes, que pagaron impuestos, trabajaron legalmente y construyeron un proyecto de vida en Estados Unidos, ahora enfrentan la incertidumbre de ser detenidos y deportados en cualquier momento.
La cancelación del TPS no solo refleja el endurecimiento de la política migratoria estadounidense bajo Trump, sino también la vulnerabilidad de Honduras ante la falta de acuerdos diplomáticos sólidos. Para los tepesianos, el futuro inmediato está marcado por la inseguridad y el temor, tanto en el país que los acogió como en la tierra que los vio partir.
