Tegucigalpa, Honduras – Un nuevo enfrentamiento político y jurídico se desató este jueves 5 de febrero entre el exprocurador general de la República, Manuel Díaz Galeas, y su sucesor en el cargo, el procurador Dagoberto Aspra, a raíz de señalamientos sobre el uso de recursos públicos para la contratación de defensa legal en Estados Unidos.
Aspra acusó públicamente a Díaz Galeas de haber suscrito, el pasado 26 de enero, un contrato con un bufete de abogados estadounidense por 310,000 dólares, cuyo pago se realizó de manera anticipada con fondos de la Procuraduría General de la República (PGR). Según Aspra, esos recursos habrían servido para financiar la defensa legal personal del exprocurador en una demanda civil presentada en Estados Unidos, en la que también figura el Fiscal General y otros funcionarios, y no al Estado de Honduras.
El nuevo titular de la PGR calificó el hecho como un posible abuso de bienes estatales y anunció que se prepara un informe para remitirlo a las autoridades competentes, con miras a establecer posibles responsabilidades administrativas o penales sobre la contratación y el uso de los fondos.
En respuesta, Díaz Galeas rechazó de forma categórica las imputaciones y defendió la legalidad de su actuación. Mediante mensajes difundidos en su cuenta de X, el exprocurador afirmó que la demanda estadounidense no es de carácter personal, sino que se dirige contra “agentes estatales hondureños” que actuaron en ejercicio de sus funciones para proteger los intereses del Estado siguiendo normas de derecho público, derecho internacional y leyes estadounidenses.
El exfuncionario explicó que el litigio se relaciona con un reclamo presentado por el ciudadano estadounidense Paul Murray Farmer DRC, quien buscaba, según Díaz Galeas, obtener más de tres mil millones de lempiras del tesoro hondureño, demanda que —según él— fue frenada gracias a la defensa jurídica emprendida bajo su gestión. Añadió que todavía existen procesos penales en curso en tribunales de Honduras vinculados al mismo caso.
Además, Díaz Galeas aseguró que Aspra habría defendido previamente a varios de los imputados ahora acusados en ese expediente, lo que, a su juicio, configura un “brutal conflicto de intereses” por la doble condición del nuevo procurador como defensor de exclientes y como jefe de la institución que debe coadyuvar con el Ministerio Público en la acusación. “¿Defenderá al Estado o maniobrará a favor de sus clientes?”, preguntó el exprocurador en su escrito.
El choque de versiones pone de manifiesto las tensiones internas en la PGR y plantea interrogantes sobre la gestión de fondos públicos y la transparencia institucional en momentos de transición de mando.
