Millonaria compra bajo la lupa, el origen de esta historia se remonta a mayo de 2023 mas de 13 millones de lempiras en la compra de aproximadamente 2,000 teléfonos inteligentes
Tegucigalpa, Honduras.— Una nueva línea de investigación sobre el manejo de recursos en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) vuelve a encender las alertas sobre posibles irregularidades administrativas. Esta vez, el foco recae en la adquisición de miles de teléfonos celulares destinados al Programa Nacional para la Reducción de Pérdidas (PNRP), cuyo paradero y uso institucional siguen sin estar plenamente esclarecidos.
De acuerdo con documentación revelada por la unidad de investigación de La Prensa, la estatal eléctrica comprometió más de 13 millones de lempiras en la compra de aproximadamente 2,000 teléfonos inteligentes junto con planes de datos. Sin embargo, el destino final de estos equipos permanece en la incertidumbre, abriendo interrogantes sobre los controles internos y la transparencia en la gestión pública.
Un proceso con señales de alerta
El origen de esta historia se remonta a mayo de 2023, cuando el PNRP lanzó una licitación privada para la adquisición de servicios de telefonía móvil. Apenas semanas después, durante la apertura de ofertas, ya surgían irregularidades: la Unidad de Transparencia de la ENEE no fue convocada al proceso, lo que debilitó los mecanismos de supervisión desde el inicio.
Meses más tarde, en noviembre de ese mismo año, se formalizó el primer contrato por más de 6.6 millones de lempiras, que incluía mil teléfonos con características técnicas de gama media y planes con datos, llamadas y aplicaciones ilimitadas.
En 2025, lejos de corregir el rumbo, el programa firmó un segundo contrato por más de 6.3 millones de lempiras, esta vez bajo un esquema similar, aunque con equipos de especificaciones superiores y una modalidad de entrega progresiva.
Ambas contrataciones sumaron una inversión millonaria, pero también una creciente opacidad.
Equipos fuera del uso institucional
El aspecto más delicado no radica únicamente en la compra, sino en lo que ocurrió después. Fuentes cercanas al proceso señalaron que no existe claridad sobre qué funcionarios o empleados recibieron los dispositivos ni cómo fueron utilizados.
Según estas versiones, una parte de los teléfonos habría terminado en manos de personas ajenas al programa, sin vínculo laboral comprobado, lo que implica un posible uso indebido de bienes adquiridos con fondos públicos.
La falta de registros detallados y actualizados impide determinar si los equipos siguen activos dentro de la institución o si fueron desviados, extraviados o simplemente no controlados.
Versiones encontradas
Ante los señalamientos, la excoordinadora del PNRP, Lesly Vanessa Arias, defendió la gestión asegurando que los celulares sí fueron asignados al personal técnico del programa mediante actas formales.
Según su versión, los dispositivos estaban destinados a especialistas, supervisores y cuadrillas de campo para facilitar la ejecución de labores operativas. No obstante, reconoció que ya no tiene acceso a la documentación, ahora en manos de la nueva administración.
Por su parte, el gerente de la ENEE, Eduardo Oviedo, evitó pronunciarse sobre el caso, argumentando que el programa se encuentra bajo la supervisión de una junta interventora.
Investigación en curso
La comisión interventora, creada en 2026, tiene entre sus tareas revisar posibles irregularidades dentro del PNRP, incluyendo el proceso de licitación que dio origen a la compra de los celulares. Aunque aún no hay conclusiones oficiales, el caso forma parte de un conjunto más amplio de investigaciones sobre el manejo de recursos en la estatal eléctrica.
Este episodio se suma a otros cuestionamientos previos relacionados con gastos sin respaldo suficiente dentro de la ENEE, lo que ha alimentado el debate sobre la necesidad de reformas estructurales y mayor fiscalización.
Un problema estructural
La ENEE, responsable de la generación, transmisión y distribución de energía en Honduras, enfrenta desde hace años problemas financieros, operativos y de gobernanza. Expertos coinciden en que la falta de controles efectivos y la burocracia han dificultado mejorar su desempeño.
El PNRP, creado para reducir pérdidas energéticas, ha sido particularmente cuestionado por su alto presupuesto y resultados limitados. Incluso con miles de empleados y millonarias asignaciones, las pérdidas del sistema eléctrico se han mantenido elevadas, reflejando fallas estructurales en su ejecución.
Transparencia en entredicho
El caso de los celulares ilustra un patrón más amplio: inversiones significativas sin mecanismos claros de seguimiento ni rendición de cuentas. La ausencia de información verificable sobre el uso de los equipos no solo plantea dudas administrativas, sino que también erosiona la confianza pública en las instituciones.
Mientras las autoridades avanzan en la investigación, la ciudadanía y sectores especializados exigen respuestas concretas: ¿dónde están los celulares?, ¿quién los utilizó?, ¿se cumplieron los objetivos para los que fueron adquiridos?
Por ahora, las respuestas siguen siendo parciales. Y en medio de esa incertidumbre, los teléfonos —financiados con recursos públicos— permanecen como símbolo de una gestión que aún debe rendir cuentas.
