TEGUCIGALPA.- Como un pequeño avance ha sido recibida una reforma a la controversial Ley de Secretos que ahora pone un límite de 10 años a la reserva de información oficial de «seguridad nacional».
“De conformidad con la resolución que emitió el IAIP haciendo la recomendación de reformas, se planteaba dejar claramente establecido qué documentos por razón de seguridad nacional podían declararse reservados o en secreto», expresó Suyapa Thuman, comisionada presidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública.
Por su parte, el jurista Raúl Pineda Alvarado lo consideró un avance- tomando en cuenta que tal y como estaba la Ley anteriormente se prestaba para encubrir información sensible y que fácilmente podía estar relacionada a actos de corrupción de alto vuelo.
“Es un respiro frente al monumental muro que contenía la ley original. El otro aspecto es la eliminación de secretos con respecto a transacciones puramente administrativas, donde estaba involucrado el interés público. Aunque tardíamente, la reforma viene a contribuir al fortalecimiento del Estado de derecho”, opinó Pineda.
“Hemos hecho una análisis preliminar y nos parece que hay cosas buenas, y esperamos que los diputados de las distintas bancadas puedan asumir una labor proactiva al momento de discutirlo y que el resultado sea la protección del acceso a la información pública como derecho fundamental”, expresó Carlos Hernández en representación de la Asociación para una Sociedad Más Justa.
Sin embargo, la Ley de Secretos continúa teniendo fuertes detractores. Edmundo Orellana, exfiscal general, es uno de ellos.
“Esa ley puede imponerle secreto a un proceso judicial, a una investigación del Ministerio Público y a todos los actos y contratos de todas las instituciones descentralizadas y de la administración central”, manifestó.
