El expresidente colombiano Andrés Pastrana, en representación de una treintena de exmandatarios iberoamericanos, presentó este viernes ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) un informe jurídico que denuncia graves violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. La denuncia, que destaca crímenes de lesa humanidad, busca que la CPI actúe con urgencia para detener a Maduro y su entorno militar por lo que consideran una política sistemática de «terrorismo de Estado».
Entre los firmantes del informe se encuentran figuras políticas de renombre como los expresidentes españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Mauricio Macri; el mexicano Vicente Fox; y el boliviano Carlos Mesa. En conjunto, los exlíderes argumentan que los eventos ocurridos antes y después de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela confirman un patrón de represión violenta y persecución política.
Denuncia de Crímenes de Lesa Humanidad
El documento presentado ante la CPI subraya que los crímenes cometidos bajo el mandato de Nicolás Maduro no solo continúan, sino que se han intensificado tras las elecciones. Los denunciantes señalan como ejemplo la reciente orden de arresto contra Edmundo González Urrutia, quien es considerado por la oposición venezolana como el verdadero presidente electo en las elecciones de julio. La estructura militar detrás de estas acciones represivas está, según el informe, bajo el control directo de Maduro, quien funge como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y líder del Comando Estratégico Operacional, el órgano encargado de ejecutar la política de terror en el país.
Respaldo Internacional
El informe presentado por Pastrana cuenta con el apoyo de 31 exmandatarios que forman parte de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática). Esta organización, compuesta por exjefes de Estado y de Gobierno, ha jugado un rol clave en denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y en buscar justicia a través de organismos internacionales como la CPI.
El abogado penalista español Blas Jesús Imbroda, quien acompañó a Pastrana en la entrega del informe, resaltó la necesidad de que la Fiscalía de la CPI reconozca la responsabilidad directa de Maduro en los crímenes que se están cometiendo. «Maduro no es solo el presidente del Gobierno; él es la cúspide del poder militar y el encargado de dirigir la represión estatal», afirmó Imbroda. Asimismo, el exembajador venezolano Víctor Rodríguez Cedeño, quien también estuvo presente en la entrega del documento, recordó que Maduro ha sido acusado en múltiples ocasiones de crímenes contra la humanidad, lo que justifica una intervención más activa por parte de la CPI.
Contexto Histórico y Actual de la Investigación
La investigación formal contra el régimen de Nicolás Maduro en la CPI no es nueva. En noviembre de 2021, la Fiscalía del organismo internacional abrió una investigación tras recibir denuncias de varios países, incluidos Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay. Estos informes aseguran que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde al menos febrero de 2014, cuando comenzó una escalada represiva contra manifestantes y opositores políticos.
Sin embargo, la situación se ha agravado tras las elecciones presidenciales de julio de 2024. A pesar de que Nicolás Maduro se ha proclamado vencedor, una parte significativa de la comunidad internacional no ha reconocido los resultados, citando la falta de transparencia y graves irregularidades en el proceso. Desde entonces, la Fiscalía de la CPI ha señalado que ha recibido «múltiples informes de casos de violencia» relacionados con el período post-electoral, y ha invitado a organizaciones e individuos a aportar información relevante para la investigación en curso.
Maduro y la Cadena de Mando Militar
El régimen venezolano, apoyado por el Ejército, ha sido descrito por los exmandatarios como un «régimen militar represivo y terrorista», similar a las dictaduras militares que gobernaron varios países del Cono Sur en el siglo XX. La denuncia destaca que el poder real en Venezuela ha dejado de estar en manos de instituciones civiles, quedando bajo el control de las fuerzas armadas que, según el informe, son responsables de los crímenes de lesa humanidad investigados por la CPI.
El fiscal de la CPI, Karim Khan, ha subrayado la importancia de garantizar el respeto al estado de derecho en Venezuela y ha mantenido conversaciones con el gobierno venezolano en un intento de asegurar que se detengan las violaciones de derechos humanos en curso. No obstante, hasta el momento, la investigación sigue siendo general contra el Estado venezolano, sin señalar directamente a altos cargos del gobierno.
Urgencia de la Situación
Los exlíderes iberoamericanos insisten en la necesidad de que la CPI actúe rápidamente para evitar que continúen las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. La detención de Maduro, argumentan, es fundamental para frenar la represión y restaurar la democracia en el país sudamericano. En palabras de Andrés Pastrana, «no podemos permitir que el mundo siga ignorando lo que ocurre en Venezuela. Es un deber moral y legal detener a los responsables de estos crímenes antes de que la situación se agrave aún más».
