El 15 de octubre de 2024, la Misión Internacional Independiente de la ONU para Venezuela, presidida por la jurista portuguesa Marta Valiñas, publicó un impactante informe de 158 páginas. El documento acusa al gobierno de Nicolás Maduro de cometer crímenes de lesa humanidad durante el proceso electoral de julio, revelando un patrón sistemático de violaciones de derechos humanos, violencia y represión contra civiles. La investigación cubre el periodo comprendido entre el 1 de septiembre de 2023 y el 31 de agosto de 2024.
Persecución y Violencia Antes, Durante y Después de los Comicios
El informe detalla cómo las fuerzas de seguridad venezolanas y grupos armados progubernamentales estuvieron involucrados en actos de represión, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual. Estas acciones afectaron no solo a líderes políticos y activistas de la oposición, sino también a ciudadanos comunes que expresaron su desacuerdo con el gobierno o los resultados electorales.
Entre las fuerzas señaladas por el informe están el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Estas entidades, según el informe, desempeñaron un papel clave en la represión de manifestaciones y la realización de detenciones arbitrarias.
La Responsabilidad de las Instituciones Estatales
El documento también apunta a la falta de independencia y transparencia en instituciones clave como el Consejo Nacional Electoral y el sistema judicial, que según la ONU han actuado en complicidad con el gobierno para restringir el espacio democrático en el país. Además, la Asamblea Nacional aprobó leyes que limitan aún más los derechos humanos y aumentan la persecución de voces críticas.
El informe destaca cómo las declaraciones de altos funcionarios del gobierno, especialmente después del 28 de julio, alimentaron un clima de hostilidad y violencia contra aquellos percibidos como opositores, lo que exacerbó la represión.
Detenciones Masivas y Operativos de Control
Entre septiembre de 2023 y agosto de 2024, la misión documentó al menos 48 detenciones de personas acusadas de conspirar contra el gobierno en el marco de la operación Brazalete Blanco, y otras 121 personas fueron arrestadas durante la campaña electoral por su presunta colaboración con actividades de la oposición. Estas campañas, según el informe, sirvieron como justificación para la represión selectiva de militares, políticos y miembros de la sociedad civil.
El ambiente represivo se intensificó después de los comicios, cuando las autoridades pusieron en marcha una campaña de detenciones masivas que, según el informe, no tiene precedentes en la historia reciente de Venezuela. Las cifras de arrestos fueron comparables con las protestas de 2014, 2017 y 2019. Muchos de estos arrestos formaron parte de la llamada «operación Tun Tun», diseñada para intimidar a la población mediante allanamientos y la marcación de viviendas con una X para identificar a presuntos opositores. Además, se habilitó una aplicación móvil para que los ciudadanos afines al gobierno denunciaran a personas críticas del régimen.
Niños Detenidos y Tortura Generalizada
Una de las revelaciones más alarmantes del informe es la detención de 158 menores de edad durante el periodo postelectoral, acusados de delitos graves como terrorismo. Estos menores, en la mayoría de los casos, fueron arrestados sin notificar a sus familiares o abogados, permaneciendo incomunicados durante días.
El informe también documenta al menos 25 muertes durante los primeros días de protestas electorales, incluyendo dos menores de edad. Ocho de estos decesos ocurrieron en manifestaciones donde las fuerzas de seguridad o grupos civiles armados utilizaron armas de fuego contra los manifestantes. Los casos de tortura y violencia sexual no solo afectaron a los detenidos, sino también a mujeres y niñas que acudieron a los centros de detención para visitar a sus familiares.
Los métodos de tortura descritos incluyen golpes con objetos contundentes, descargas eléctricas, asfixia con bolsas plásticas y privación de sueño. Las torturas afectaron tanto a civiles como a miembros de las fuerzas armadas detenidos bajo sospechas de conspiración.
El informe constituye una fuerte acusación contra el régimen de Nicolás Maduro, exponiendo no solo la represión política sino también el uso de la violencia para silenciar la disidencia y controlar a la sociedad civil. La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han exigido que el gobierno venezolano responda por estos crímenes y se tomen medidas para garantizar la justicia y la reparación de las víctimas.
