TEGUCIGALPA.- La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) manifestó una profunda preocupación por la Ley del Fondo Social Departamental. Según explican, esta ley de «blindaje» trunca muchas investigaciones en contra de funcionarios públicos corruptos.
«La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), en cumplimiento de las cláusulas 3.1, 3.1.2 y 4.1.1 del Convenio para el establecimiento de la MACCIH‐OEA, tiene el deber de fortalecer el marco jurídico e institucional de la prevención y 2, combate a la corrupción. En ese sentido, en virtud de la emisión del Decreto Legislativo 116‐2019 que contiene la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Liquidación Y Rendición de Cuentas Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura y Programas Sociales, la cual ha entrado en vigencia a partir del 18 de octubre de 2019, manifiesta su profunda preocupación debido a que estas iniciativas están encaminadas a reactivar el Fondo Social Departamental (FSD). El 16 de octubre de 2019, el Congreso Nacional mediante Decreto No. 116‐2019 aprobó la Ley Especial para la Gestión, Asignación, Liquidación y Rendición de Cuentas de Fondos Públicos para Proyectos de Orden Social, Comunitarios, Infraestructura Y Programas Sociales», argumentaron en un comunicado oficial.
La MACCIH considera en principio, que esta nueva ley orientada a reactivar y regular el Fondo de Desarrollo Departamental, el cual permite que los diputados administren y ejecuten fondos públicos, colisiona con el artículo 205 de la Constitución, referente a las atribuciones del Congreso Nacional, el que no contempla en ninguno de sus apartados la facultad para que los legisladores puedan administrar y ejecutar fondos provenientes del erario público.
La MACCIH considera que la conocida como “Ley de Reactivación del Fondo Social Departamental” dificultará las investigaciones por malversación de fondos relacionados con el bienestar social, es decir, las ayudas que el Estado proporciona para los más necesitados. Entre otras medidas, la ley introduce nuevos mecanismos que podrían retrasar hasta en siete años el inicio de estas investigaciones por parte del Ministerio Público.
