La Habana, Cuba.
Los disidentes cubanos pidieron permiso para manifestarse el 20 de noviembre, en siete de las 15 provincias de la isla. El gobierno, de su lado, respondió decretando esa jornada como el Día de la Defensa Nacional, precedida por dos días de ejercicios militares.
La convocatoria a manifestarse eriza al gobierno de Cuba. Las autoridades comunistas prohibieron entonces la manifestación, acusando a sus promotores de querer provocar un cambio de régimen con el apoyo de Washington, y programaron para ese día celebraciones por el 502 aniversario de La Habana. “Nadie va a aguarnos la fiesta”, enfatizó el presidente Miguel Díaz-Canel ante parlamentarios.
Sin embargo, los opositores no se dan por vencidos. “Consideramos que su respuesta fue ilegal entonces creemos justo insistir en la marcha”, dijo a la AFP Saily González, de 30 años y organizadora de la protesta en la central ciudad de Santa Clara. Propietaria de un pequeño hotel en esta localidad, célebre por albergar los restos del Che Guevara, González quiere dar seguimiento a las inéditas manifestaciones del 11 de julio, que estallaron de manera espontánea al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”.
“Un golpe de Estado suave” Según la ONG Cubalex, 1.175 personas fueron arrestadas por esas protestas, que dejaron un muerto y decenas de heridos. Aún hay 612 detenidos. “Yo creo que a esas personas se lo debemos”, insistió Saily, refiriéndose a los detenidos por el 11 de julio que siguen en prisión. González y el dramaturgo Yunior García, de 39 años, organizador de la manifestación en La Habana, han sido acusados por el gobierno de recibir financiamiento de Washington para desestabilizar la isla.
Ambos lo niegan categóricamente. “Mi respuesta es abrir el refrigerador de mi casa”, semivacío debido a la escasez de alimentos en el país, suspira Saily para demostrar que no recibe dinero, y añade que la crisis económica es también el motor de la convocatoria de la protesta.
