Se conoció que dicho decreto blindaría a presidentes, expresidentes, diputados, exdiputados, fiscales, exfiscales, magistrados y exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia, así como a los altos mandos de las Fuerzas Armadas que estén o no en función, entre otros puestos estatales.
En tal sentido, la Ley buscaría “salvaguardar la vida, libertad e integridad física” protegiendo a estas personas que por sus cargos podrían “estar expuestos a riesgos extraordinarios y amenazas reales” tanto ellos, como su núcleo familiar.
Dicha norma, también define y clasifica las diferentes situaciones en la que aplicaría la protección especial.
Asimismo, divide en varias categorías los cargos que tendrían este beneficio, siendo primero los presidentes y expresidentes de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Además, cada nominado será escudado por una fuerza de seguridad específica, dependiendo el puesto que ejerce.
Cabe mencionar que, para cumplir esta normativa se creará la Unidad Especial de Protección (UEP), la cual analizará, resguardará y recomendará esquemas de protección para los funcionarios y exfuncionarios. Tendrá un Jefe, quien será elegido para que cumpla un periodo de cinco años al mando.
A la misma se le asignará de forma anual 250 millones lempiras, los cuales se obtendrán en un 50% de la Tasa de Seguridad y el resto de la Secretaría de Finanzas.
Estos fondos serán manejados por el Fideicomiso Especial de Protección (FEP), el que, será creado para que la UEP cuente con los recursos monetarios necesarios para su funcionamiento.
El documento con este proyecto de ley, el cual tendría vigencia indeterminada, está firmado por el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva; los secretarios Tomas Zambrano y Salvador Valeriano.
