La sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional, por unanimidad de votos, absolvió al comisionado general de la Policía Nacional, en condición de retiro, Leonel Luciano Sauceda Guifarro, de la acusación del Ministerio Públicos (MP), por los supuestos delitos de lavado de activos y malversación de caudales públicos.
De esta forma, se le extendió la respectiva carta de libertad correspondiente a su favor, luego de confirmarse el fallo absolutorio. De acuerdo con lo que precisaron los jueces que conocieron la causa, la Fiscalía no presentó medios de prueba suficientes para quebrantar el estado de inocencia de Sauceda
Se programó la lectura de la sentencia absolutoria para el 9 de febrero próximo, a partir de la 1:30 de la tarde.

A CASACIÓN
El fiscal jefe de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de Depuración Policial (UF-ADPOL), Luis Echeverría, anunció que el MP se va a casación ante el fallo absolutorio en beneficio de Sauceda Guifarro.
“La Ley de Presupuesto dispone, sanciona y prohíbe que un funcionario público deposite grandes cantidades de dinero a cuentas privadas, eso es una malversación de caudales, una ley administrativa lo dispone, él violenta esa norma, se expone que el imputado Leonel Sauceda liquida esos cheques, y hasta la fecha nosotros emitimos una resolución a través del perito donde no liquida esa cantidad, hay 3.3 millones de lempiras que no puede liquidarlos”.
Agregó que “miren el grado de impunidad al que hemos llegado, el tribunal observa que existen 19 millones de lempiras que el señor Leonel Sauceda que no puede justificarlos y hasta la fecha, qué bonito estar en Honduras que dice un Tribunal de Sentencia que no hay ningún problema, los puede meter a sus cuentas privadas, no hay delitos, malversación y no hay nada”.
En cuanto al delito de lavado de activos, dijo, se ha vuelto a fundamentar una absolución de este tipo en las reformas aprobadas el año anterior a la Ley Especial Contra el Lavado de Activos por parte del Congreso Nacional.
Señaló que ven con suma extrañeza que la misma sala II del Tribunal de Sentencia con Jurisdicción Nacional durante el juicio reconoció que de 19.6 millones de lempiras el comisionado general de policía no tiene la manera legal o lícita de justificar su procedencia, existiendo una flagrante contradicción de criterios.
La captura del funcionario policial, manifestó, así como el aseguramiento de 83 bienes, los efectuó la UF-ADPOL y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), a comienzos de febrero de 2020, luego de denuncias interpuestas por la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional.
El fiscal Echeverría anunció que “como sociedad debemos plantearnos el problema que nos ha dejado la modificación de estas normas, vamos a interponer el recurso de casación”.





