TEGUCIGALPA, HONDURAS.-
La exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), Julieta Castellanos, remitió una contundente carta a la presidenta Xiomara Castro y a su esposo, el expresidente y actual asesor Manuel Zelaya, en negativa a la posible restitución de policías que fueron depurados de la institución.
En la misiva, Castellanos comenzó narrando la evolución que ha tenido la violencia en el
país, desde 1993 a la fecha, destacando casos donde se comprobó que hubo participación
policial en la comisión de crímenes y delitos.
Además, recordó a la pareja presidencial que ella fue víctima de “una policía penetrada por
el crimen” en referencia al asesinato de su hijo Rafael Alejandro Vargas Castellanos, de 22
años, y su amigo, Carlos Pineda Rodríguez, de 24, quienes fueron encontrados muertos en
una carretera al sur de la capital en 2011. Posteriormente se comprobó que varios policías
fueron los autores del doble crimen.
Dos años más tarde fueron condenados por el asesinato los agentes Santos Arnulfo Padilla
Rodríguez, Gabriel Donatilo Mancía Hernández, Wilson Roberto Córdova y José Rubén
Pozo.
Es por eso que la exrectora dijo sentirse sorprendida ante la decisión del actual gobierno de
reintegrar a los policías que fueron depurados en años anteriores, cuando se inició un
proceso de reestructuración de la institución liderado por una comisión depuradora
integrada por el entonces ministro de Seguridad, Julián Pacheco, Omar Rivera, Vilma
Morales y Alberto Solorzano y a la que posteriormente se integraron German Leitzelar,
Jorge Machado y Carlos Hernández como asesores.
“Esta decisión sorprende porque significa una negación de los hechos descritos, un
irrespeto a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un
desconocimiento de la historia reciente, y un desprecio al trabajo realizado por personas
que se arriesgaron al asumir una tarea que le correspondía hacer a la institución policial y al Estado en su conjunto. Ninguna institución por temor o complicidad asumió esta
responsabilidad. Se acomodaron, no asumieron riesgos y se coludieron. No hay otra
explicación. Imposible que las unidades de inteligencia y contra inteligencia no conociera
las actividades ilícitas referidas”, reza un párrafo de la nota.
Finalmente, Julieta Castellanos destacó que “la seguridad ciudadana es un bien público, es
una responsabilidad del Estado, y las decisiones en este tema, como en otros, no pude ser
resultado de la improvisación, la ocurrencia, la ligereza, ni compromisos políticos
partidarios”.
A CONTINUACIÓN LA CARTA ÍNTEGRA:
Sra. Xiomara Castro Sarmiento.Sr. Manuel Zelaya Rosales.
Distinguida Señora Presidenta. Distinguido Señor Expresidente.
Con el respeto a su alta investidura me permito escribirles en mi condición de ciudadana, de académica estudiosa del tema de la seguridad ciudadana, y especialmente en mi condición de víctima de una Policía penetrada por el crimen.
Señora Presidenta, Sr. Ex Presidente, el camino para construir la institucionalidad policial
profesional ha sido largo, tortuoso y un fracaso. El último tramo inicia en 1993 con la
creación de la Comisión Ad Hoc, después de la denuncia de un agente de policía que vincula a policías de la Dirección Nacional de Investigación (DNI) con las torturas y muertes en las cañeras de San Pedro Sula. EstaComisión elimina la DNI.
En 1996 el presidente Reina, mediante Decreto 229-96 ordena el traspaso de la Policía a los civiles y autoriza un proceso de depuración de la Policía. La Comisión la preside el Dr.
Hernán Corrales Padilla, y la integran Cesar Elvir Sierra, Rubén Zamora Bados, German
Leitzelar y Alfredo Landaverde.
A finales del siglo XX inicia una escalada del crimen sin precedentes. El año 2005, siendo
presidente Ricardo Maduro, se registró una tasa de 37 homicidios por cada 100 mil
habitantes (hcmh). El año 2006, primer año de gobierno del presidente Zelaya se registró
una tasa de 46.2 pcmh. Para el año 2009, el país cierra con una tasa de 66,8 hpcmh, y el
año 2011 se llega a la tasa más alta, 86.2 hcmh, y Honduras se convirtió en el país más
violento del mundo, situación que comienza a revertirse el año 2012.
El New York Times publicó un reportaje en el año 2016 Tres generales y un cartel: violencia policial e impunidad en Honduras – The New York Times. El contenido reproduce un informe interno de la Policía que revela quiénes, dónde y cómo se planificó la muerte del General Arístides Gonzales y de Alfredo Landaverde el año 2009 y 2011 respectivamente.
El contenido de este informe conduce a que el Congreso Nacional mediante decreto N. 21-
2016 declara situación de emergencia por seguridad nacional, y autoriza la creación de la
Comisión para la Transformación y Depuración de la Policía Nacional, esta comisión la
integran el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, Omar Rivera, Vilma Morales y Alberto
Solorzano, posteriormente se integran German Leitzelar, Jorge Machado y Carlos
Hernández como asesores.
Los hondureños fuimos conociendo las entrañas de la policía, y la institución policial nos
debe todas las respuestas sobre la infiltración y cooptación del crimen en la institución que
precisamente su función es combatirlo. ¿Cómo fue posible que no supieran las acciones
delictivas de sus compañeros? Hoy sabemos que al menos siete (7) altos oficiales de la
Policía han sido solicitados en extradición o se han entregado a la justicia de Estados
Unidos, país que los acusa de ilícitos vinculados al crimen organizado; otros altos oficiales
están prófugos de la justicia hondureña; y otros, están siendo acusados en los Tribunales de Honduras por lavado de activos. Al menos seis altos oficiales les acusa el Ministerio Público de haber realizado transacciones financieras por un monto de 3.045 millones de lempiras entre el año 2007 y el año 2017. Los imputados no pudieron justificar estos movimientos bancarios, y sus sueldos, según la misma fuente, oscilaron entre los 55.000.00 y 65.000.00 Lempiras mensuales en este periodo.
Su gobierno Sra. Presidenta ha decidido reintegrar a policías separados en el último proceso de depuración, justificados en la necesidad de aumentar del número de policías para enfrentar el delito y el crimen, esta política de seguridad fue la misma del Ex Presidente Zelaya el año 2007, y no tuvo resultados positivos. Las muertes violentas pasaron de 2, 417 el año 2005 a 5, 265 el año 2009 (ONV-UNAH). Por otro lado, en contraste, Nicaragua con 1.6 policías por cada mil habitantes tiene una tasa de homicidios de 4.4 hcmh; en tanto Honduras tiene 1.3 policías por cada mil habitantes y una tasa de 42 pcmh, datos para el año 2020.
Esta decisión sorprende porque significa una negación de los hechos descritos, un irrespeto
a las víctimas de una policía coludida e infiltrada por criminales, un desconocimiento de la
historia reciente, y un desprecio al trabajo realizado por personas que se arriesgaron al
asumir una tarea que le correspondía hacer a la institución policial y al Estado en su
conjunto. Ninguna institución por temor o complicidad asumió esta responsabilidad. Se
acomodaron, no asumieron riesgos y se coludieron. No hay otra explicación. Imposible que
las unidades de inteligencia y contra inteligencia no conociera las actividades ilícitas
referidas.
La seguridad ciudadana es un bien público, es una responsabilidad del Estado, y las decisiones en este tema, como en otros, no pude ser resultado de la improvisación, la ocurrencia, la ligereza, ni compromisos políticos partidarios. Sorprende el entusiasmo de las autoridades de la Policía con esta decisión; ellos se formaron y crecieron en las entrañas de la Policía y conocen la institución y a sus miembros.
Finalmente, fue bien recibida la decisión del gobierno frente al asesinato de tres agentes
policiales en el departamento de Colón, pero esperaríamos ver la misma reacción, el mismo
interés y diligencia frente a otras masacres, que por este año ya van 19, de lo contrario, el
mensaje que se recibe es que el interés del gobierno depende de quienes sean las víctimas.
Tegucigalpa. 28 de abril 2022
