Este tipo de proyectos ha sido adoptado anteriormente en otros países, solo para ser abandonado posteriormente debido a los altos costos de sostenimiento.
TEGUCIGALPA, HONDURAS. – En medio de la controversia y la crítica, el gobierno de la presidenta Xiomara Castro ha decidido seguir adelante con su proyecto de edificar una cárcel en las remotas Islas del Cisne, situadas a 4,400 kilómetros de distancia de tierra firme. La iniciativa, que ha generado un intenso debate, enfrenta cuestionamientos tanto por su impacto ambiental como por los elevados costos de construcción y mantenimiento que implicaría.
Una Idea Cuestionada
A pesar de las críticas, la administración actual ha avanzado con la aprobación de la primera fase de la licencia ambiental y ha preseleccionado a las empresas interesadas en la licitación. No obstante, a la fecha, el gobierno no tiene una estimación clara del costo total de la construcción ni del mantenimiento de la cárcel en la isla.
La embajadora de EE.UU. en Honduras, Laura Dogu, ha señalado la dificultad de mantener cárceles en ubicaciones tan remotas y aisladas. «En Estados Unidos hemos tratado de hacer cárceles en islas lejos de la tierra. En San Francisco tuvimos la famosa Alcatraz y fue bastante difícil mantener la cárcel tan lejos y tan aislado. Yo no sé cómo el gobierno va a hacerlo y es su responsabilidad tomar esa decisión”, acotó Dogu.
El Caso de Costa Rica
Cerca de Honduras, en Costa Rica, existe un ejemplo similar con el centro penal en Isla San Lucas, ubicada a ocho kilómetros de Puntarenas, en el Pacífico central costarricense. Este antiguo presidio funcionó entre 1873 y 1991 en un terreno de 500 hectáreas. Parte de las razones para que el gobierno costarricense cerrara la cárcel en Isla San Lucas fue el costo que generaba al país.
En 2016, el Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica dejó claro que “pensar en una isla no solo es una extravagancia, por muchas razones, es además una extravagancia carísima. ¿Se imagina los costos? ¿Se imagina a los funcionarios pagando 70 u 80 dólares diarios para que los lleve una lancha?”. Añadieron: “¿Se imagina los costos de tener medios de transporte seguro para trasladar a las personas recluidas? ¿Se imagina las horas extras? ¿Se imagina lo que costaría dar atención médica de urgencia y hacer traslados a los hospitales tanto de privados de libertad como de empleados?”.
Finalmente, recordaron que “casi todos los centros penitenciarios que estuvieron en islas fueron cerrados, progresivamente, durante el siglo XX.





