Tegucigalpa, Honduras – Un equipo de fiscales costarricenses se prepara para viajar a Honduras con el fin de investigar la salida irregular de reclusos hondureños de la cárcel de Támara, quienes fueron involucrados en una serie de asesinatos en Costa Rica, incluida la masacre de Danny Fernández, alias «El Ratón». El fiscal general de Costa Rica, Carlos Díaz, informó que se están buscando los fondos necesarios para que los fiscales puedan desplazarse y recabar información clave en territorio hondureño.
El viaje de los fiscales es resultado de la coordinación entre las autoridades costarricenses y hondureñas, encabezadas por el ministro de Seguridad Pública de Costa Rica, Mario Zamora. Ambos países buscan esclarecer cómo cuatro reclusos hondureños lograron salir de la cárcel de Támara con documentos de preliberación fraudulentos y participar en actividades criminales en Costa Rica, incluyendo el atentado que resultó en la muerte de siete personas.
Entre los fugitivos se encuentra Osmin Rodríguez Medina, quien salió de la cárcel en un vehículo para transportar basura tras pagar millones en sobornos para obtener una carta de libertad falsificada. Este es solo uno de los casos denunciados por la Unidad Investigativa de El Heraldo, la cual reveló cómo reclusos hondureños, contratados por la mafia colombiana desde el interior de Támara, fueron enviados a Costa Rica para ejecutar crímenes por encargo.
El atentado que cobró la vida de Danny Fernández y otras seis personas sacudió a las autoridades costarricenses, quienes también reportaron la muerte de uno de los sicarios hondureños involucrados, mientras que dos fueron capturados y un cuarto permanece en libertad.
Carlos Díaz destacó la importancia de la cooperación internacional en esta investigación y subrayó que Gustavo Sánchez, actual ministro de Seguridad de Honduras y exdirector de la Policía Nacional, conocía de las actividades irregulares en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, pero no alertó a las autoridades costarricenses sobre los hechos, lo que ha generado preocupación entre ambos gobiernos.
El objetivo principal de los fiscales costarricenses será obtener pruebas y testimonios que fortalezcan las investigaciones en curso y que permitan a Costa Rica llevar a juicio a los responsables de estos crímenes. Las autoridades hondureñas se han comprometido a colaborar en este esfuerzo conjunto para frenar el flujo de sicarios hacia territorio costarricense y esclarecer el caso que ha generado gran conmoción en ambos países.
