Tegucigalpa, Honduras – Una creciente controversia legal ha surgido en torno a la resolución del juez José Carranza Canales de los Juzgados de Letras de lo Civil en La Ceiba, quien ha sido denunciado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) por supuestas irregularidades en la tramitación de un caso relacionado con la propiedad privada del muelle de Cabotaje. A pesar de que ya existía una resolución previa del Poder Judicial, el juez Carranza ha venido posponiendo la audiencia correspondiente, generando preocupación y malestar entre las partes afectadas.
El caso, que involucra a la empresa Dream Ferries, propietaria legítima del terreno en cuestión, ha sido objeto de retrasos injustificados desde la audiencia del 7 de agosto. Jonathan Romero, abogado representante de Dream Ferries, expresó su indignación ante la falta de acción por parte del juez, afirmando que el proceso debería haberse resuelto de acuerdo con la ley y el buen juicio de Carranza Canales. Sin embargo, hasta la fecha, no se ha emitido una resolución, lo que llevó a la empresa a presentar una denuncia formal ante la CSJ por retraso procesal e inconsistencias en un proceso que, según ellos, nunca debió haberse permitido.
El núcleo de la disputa legal reside en la noción de «cosa juzgada material», un principio jurídico que establece que un asunto ya decidido por un tribunal competente no puede ser reabierto. Según los denunciantes, el caso actual no debería estar en curso, dado que la CSJ ya había emitido un fallo resolutivo en favor de Dream Ferries, respaldando su derecho a la propiedad. Además, señalan que el proceso se encuentra bajo el concepto de «no contractilidad», lo que implica que no existen contratos válidos entre las partes que pudieran justificar el uso continuado del inmueble por parte de la empresa Galaxy, operada por la sociedad mercantil Safeway Maritime Transportation, S.A.
La abogada constitucionalista Alma Iris Toledo criticó la actuación del juez Carranza, señalando que la resolución en curso es inapropiada. Toledo explicó que el concepto de tenencia implica el derecho de uso de un bien inmueble adquirido legalmente, y que en este caso, Dream Ferries no ha podido ejercer su derecho sobre su propiedad. Mientras tanto, la empresa Galaxy, que no tiene ningún título legítimo sobre el inmueble, ha seguido utilizando la propiedad sin ningún contrato vigente que lo justifique.
El inmueble en disputa está ubicado en La Barra del Río Cangrejal, sector Boca Vieja, lado Oeste del municipio de La Ceiba, y está inscrito bajo el Asiento 89 del Tomo 658. Actualmente, es ocupado por Safeway Maritime Transportation, S.A., también conocida como Galaxy, que, según los denunciantes, no tiene ningún contrato válido ni ha realizado pagos por concepto de renta durante el tiempo que ha operado en esta propiedad privada.
A pesar de que el contrato previo entre Galaxy y la Empresa Nacional Portuaria (ENP) venció en 2014, la Corte Suprema de Justicia ya había determinado que la ENP no tenía la autoridad legal para firmar contratos sobre esta propiedad, ya que no era la legítima dueña del terreno. Sin embargo, el juez Carranza ha permitido que el caso continúe, a pesar de que las pruebas presentadas son las mismas que ya fueron evaluadas y rechazadas por la CSJ.
Los denunciantes también criticaron el hecho de que el juez admitiera la audiencia de oposición a la medida dos meses después de haber sido solicitada, mientras que a la empresa Galaxy se le resolvió una demanda en menos de dos semanas. Esta disparidad en el tratamiento de las partes ha generado sospechas sobre la imparcialidad del proceso y ha dejado a Dream Ferries en una situación de indefensión.
Además, se ha revelado que Galaxy no ha contado históricamente con un contrato válido ni con comprobantes de pago por el supuesto concepto de renta. Incluso, el propio juez Carranza solicitó y recibió cartas de agosto y septiembre de 2023, emitidas tanto por la Municipalidad como por el Muelle de Cabotaje, en las que se confirma que no existe ningún contrato vigente con la empresa Galaxy.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y desconfianza en el sistema judicial, donde las decisiones del juez Carranza Canales son cuestionadas por su falta de apego a la ley y por la aparente reversión de un fallo ya emitido por la máxima autoridad judicial del país. Los próximos pasos en este caso serán observados de cerca, dado el impacto que podrían tener en la credibilidad del sistema de justicia hondureño y en los derechos de propiedad de los ciudadanos.
