Tegucigalpa, Honduras. – La controversia en torno a la autorización de compras directas por más de diez mil millones de lempiras para la Secretaría de Defensa Nacional, dirigida por Rixi Moncada, ha impulsado a sectores de oposición y actores relevantes en la política hondureña a solicitar su interpelación en el Congreso Nacional.
La autorización, establecida bajo el acuerdo PCM 190-2024, faculta a Moncada a realizar adquisiciones de suministros, bienes, servicios, consultorías y contratos para obras públicas sin necesidad de procesos de licitación pública, lo que ha generado preocupación en la oposición. Según el diputado Eder Mejía del Partido Nacional (PN), esta medida contradice las promesas de transparencia del actual gobierno. Mejía afirmó que el partido en el poder “prometió transparencia y cero secretividad, pero hoy adoptan prácticas que ellos mismos criticaron en el pasado.”
Gustavo Solórzano, presidente del Colegio de Abogados de Honduras, señaló que el Congreso Nacional tiene la facultad de interpelar a cualquier funcionario que deba rendir cuentas. “No veo nada de malo en las interpelaciones; de hecho, son mecanismos de control necesarios. Sin embargo, hay que garantizar que no haya agendas ocultas en esta petición,” subrayó.
Por su parte, la diputada Maribel Espinoza, también precandidata presidencial, criticó a Moncada por presuntamente politizar las Fuerzas Armadas y cuestionó su doble rol como ministra de Defensa y aspirante a la presidencia. “No puede ocupar ambos cargos a la vez, debe definir si continuará como ministra o si enfocará su carrera política,” afirmó Espinoza.
La administración actual ha señalado que los fondos autorizados en el PCM 190-2024 serán destinados a la construcción de un nuevo centro penitenciario, asegurando que no se utilizarán para campañas o actividades políticas del partido en el poder, Libertad y Refundación. No obstante, sectores opositores insisten en que la medida aumenta el riesgo de corrupción al limitar la transparencia en el uso de los recursos públicos.
En caso de que se concrete la interpelación, Moncada deberá responder ante el Congreso Nacional, donde tendrá que justificar los fines específicos de la millonaria asignación presupuestaria y los mecanismos de control para evitar abusos.
