La exprimera dama de Honduras deberá restituir la suma de 7.450.934 lempiras, ya sea en efectivo o mediante la entrega de un bien equivalente.
Tegucigalpa, Honduras
Este miércoles, el Juzgado de Privación de Dominio emitió un fallo contundente contra la exprimera dama de Honduras, Rosa Elena Bonilla, ordenando la devolución de un monto pendiente de 7.450.934 lempiras al Estado. Bonilla, quien desempeñó su cargo entre 2010 y 2014, deberá realizar la restitución en efectivo o a través de un bien inmueble de valor equivalente.
Bárbara Castillo, portavoz del Poder Judicial, explicó que el juez atendió la solicitud del Ministerio Público para ejecutar esta medida, dictada con base en una investigación que inició tras su período como primera dama, durante el mandato de su esposo, el expresidente Porfirio Lobo Sosa. “El juez ha determinado que se debe restituir al Estado el saldo de 7.450.934 lempiras, que es el monto restante tras la devolución parcial realizada previamente”, señaló Castillo.
La orden del tribunal surge a raíz de un supuesto manejo irregular de 12 millones de lempiras asignados originalmente a programas sociales. Durante su mandato, Bonilla habría gestionado dichos fondos, de los cuales, al término del periodo presidencial, devolvió alrededor de 4 millones de lempiras, quedando aún un saldo pendiente por justificar.
En caso de que Bonilla no realice la devolución en efectivo, la medida judicial le permite restituir la deuda mediante la entrega de un bien inmueble, que, de ser aceptado, sería posteriormente subastado, transfiriendo los fondos al Estado.
Además de Bonilla, otros individuos involucrados, entre ellos Saúl Escobar y Manuel Mauricio Mora Faría, así como el propio expresidente Lobo Sosa, se encuentran sujetos a la misma resolución judicial, enfrentando también medidas de privación de dominio.
La sentencia definitiva para todos los implicados se leerá el próximo 10 de enero de 2025, en una audiencia virtual convocada por el Poder Judicial. Tras la lectura, los involucrados dispondrán de un plazo de tres días para presentar una apelación en caso de disconformidad. La Corte de Apelación decidirá si mantiene o revoca el fallo en función de las nuevas argumentaciones que puedan ser presentadas.
Este caso de presunta corrupción, uno de los más destacados en la esfera pública de Honduras, subraya los esfuerzos de las autoridades judiciales para garantizar la transparencia y la justicia en el manejo de recursos públicos.
