La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este lunes, de manera unánime, una ley que establece la nulidad de las sanciones internacionales impuestas contra funcionarios del Estado o instituciones públicas en su territorio.
Por: Redacción Internacional
La propuesta del presidente Daniel Ortega, la medida busca blindar al sistema financiero nacional frente a los castigos impuestos por Estados Unidos, la Unión Europea y otros actores internacionales.
Un nuevo marco para el sistema financiero
La “Ley de Protección de los Nicaragüenses ante Sanciones y Agresiones Externas” fue respaldada por los 91 diputados que conforman el Congreso, controlado mayoritariamente por el oficialismo. Esta normativa obliga a todas las instituciones públicas y privadas, incluidas las bancarias, a ignorar las sanciones extranjeras. Quienes incumplan estas disposiciones podrán ser acusados del delito de “traición a la patria”.
Alcance de la ley y consecuencias legales
El nuevo marco legal declara que las sanciones impuestas por Estados u organismos extranjeros son “nulas y sin efecto jurídico” dentro del territorio nicaragüense. Además, prohíbe a entidades públicas o privadas, como los bancos, negar servicios o suspender operaciones basándose en dichas sanciones.
La normativa también contempla fuertes sanciones para quienes incumplan sus disposiciones, que van desde multas económicas hasta la suspensión definitiva de actividades. Las violaciones graves podrían derivar en acusaciones penales por traición a la patria, un delito severamente castigado en el país.
Sanciones internacionales
Las sanciones impuestas contra Nicaragua han afectado a figuras clave del gobierno de Ortega, incluyendo a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, así como a altos mandos del Ejército, la Policía y el Banco Central. Además, varias entidades públicas han sido objeto de estas restricciones.
La lista de sancionados incluye a cuatro de los hijos de Ortega y Murillo, junto con figuras como Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional; Julio César Avilés, jefe del Ejército; Gustavo Porras, presidente del Parlamento; y Ovidio Reyes, presidente del Banco Central.
Reacciones y críticas
La aprobación de esta ley ha sido vista como un intento de consolidar el control del gobierno sobre las instituciones financieras, mientras enfrenta un creciente aislamiento internacional. Analistas señalan que podría generar tensiones con los bancos internacionales y las corresponsalías bancarias, cuyo papel es crucial para las transacciones económicas globales.
A pesar del respaldo unánime del Congreso, sectores de la oposición y organizaciones de derechos humanos han advertido que esta medida podría agravar la situación económica del país y aumentar el aislamiento de Nicaragua en el escenario global.
