Managua, Nicaragua – 30 de noviembre de 2024.
El número de nicaragüenses detenidos por motivos políticos ha alcanzado los 30 tras la reciente aprobación, en primera legislatura, de una polémica reforma constitucional que centraliza el poder en manos del presidente Daniel Ortega. Así lo denunció este viernes la organización Monitoreo Azul y Blanco, que sigue documentando estos casos en medio de una creciente represión estatal.
“Desde el 22 de noviembre hemos confirmado al menos 30 detenciones ilegales, con otras denuncias aún por verificar”, señaló la organización, compuesta por expertos en derechos humanos que monitorean los abusos vinculados a la crisis política en el país desde 2018. Según su informe, estas detenciones han sido llevadas a cabo sin órdenes legales y las familias de los detenidos permanecen en completo desconocimiento sobre el paradero de sus seres queridos.
Un panorama de represión sin precedentes
Monitoreo Azul y Blanco subrayó que esta nueva ola de arrestos se distingue por “una crueldad sin precedentes”, calificándola como una estrategia para infundir miedo y acallar cualquier forma de oposición.
“Es evidente que el régimen busca perpetuar el terror como herramienta para sofocar la disidencia. Estas detenciones arbitrarias representan un ataque directo contra los derechos fundamentales”, advirtió la organización en un comunicado oficial.
Entre las irregularidades documentadas, destacan la falta de acceso a asistencia legal y la ausencia de visitas familiares, lo que representa una flagrante violación al derecho internacional y a las garantías mínimas de los detenidos.
Llamados a la comunidad internacional
Ante la gravedad de la situación, Monitoreo Azul y Blanco hizo un llamado urgente a los Estados de la región y a los organismos internacionales para que intervengan de manera inmediata. La organización solicitó la liberación de los detenidos, el cese de la persecución política y la entrada al país de observadores internacionales que puedan investigar los hechos y brindar apoyo a las víctimas.
“Es indispensable que los gobiernos y pueblos de las Américas muestren solidaridad activa para detener esta escalada de violencia estatal. La vida, integridad y dignidad de estas personas están en grave riesgo”, destacó la organización, enfatizando la necesidad de acciones coordinadas para frenar la represión.
Silencio del gobierno y una crisis prolongada
Hasta el momento, ni el gobierno de Nicaragua ni la Policía Nacional han ofrecido declaraciones respecto a las denuncias. En el pasado, las autoridades han evitado comentar sobre detenciones de carácter político y han utilizado términos como “golpistas” y “traidores a la patria” para referirse a los opositores.
La crisis política en Nicaragua, que inició en abril de 2018, ha alcanzado niveles alarmantes. La reelección de Ortega en 2021, en un proceso ampliamente cuestionado, marcó un punto crítico. Desde entonces, líderes de la oposición han sido encarcelados, despojados de su nacionalidad y obligados a abandonar el país, consolidando un panorama de represión y autoritarismo.
Monitoreo Azul y Blanco concluyó su denuncia haciendo un firme llamado a la acción: “La comunidad internacional no puede permanecer en silencio. Es hora de actuar para garantizar justicia y protección a las víctimas de este régimen”.
