La Sala Quinta del Tribunal de Sentencia dictaminó que el vicealcalde de San Pedro Sula, Omar Menjívar Rosales, es culpable de tres delitos de calumnia y tres de difamación mediante publicidad, cometidos en perjuicio del alcalde Roberto Contreras Mendoza. Este fallo marca un hito en las disputas legales entre ambos funcionarios, destacando las implicaciones legales de las declaraciones públicas en el ámbito político.
Los antecedentes del caso
El conflicto surgió a raíz de declaraciones emitidas por Menjívar, quien pidió públicamente al Ministerio Público investigar el uso de los fondos municipales bajo la administración de Contreras. En sus palabras, no acusaba directamente al alcalde de apropiarse del dinero, sino que insinuaba la posibilidad de que estos recursos se hubiesen utilizado para fines distintos a los presupuestados.
Estas afirmaciones, realizadas en medios escritos, radiales e incluso en un podcast en internet, fueron calificadas como ofensivas y perjudiciales para el honor del alcalde y su familia, según el fallo judicial.
Por su parte, Roberto Contreras expresó que el caso no representaba un motivo de celebración personal, sino una oportunidad para sentar un precedente. «No estoy alegre del mal ajeno, pero es necesario dejar un precedente porque se me ha señalado de forma injusta, difamándome en varias ocasiones», declaró. Además, resaltó la imparcialidad del proceso judicial, afirmando que «la jueza ha manejado a la altura el proceso y ha prevalecido la justicia».
El fallo judicial
De acuerdo con un comunicado del Poder Judicial, el veredicto se basó en pruebas contundentes presentadas por la parte querellante, que incluyeron registros de las declaraciones de Menjívar. La jueza a cargo determinó que las acusaciones eran «sin género de dudas» lesivas para la imagen y el honor del alcalde.
El tribunal resaltó que los argumentos y las evidencias presentados por la parte acusadora fueron determinantes para dictar la sentencia. Este fallo refleja el peso de las leyes hondureñas en casos de calumnia y difamación, que pueden implicar sanciones económicas y penas privativas de libertad, según los artículos 229 y 230 del Código Penal.
En este caso particular, la audiencia de individualización de la pena se llevará a cabo el próximo 21 de enero de 2025, a las 9:00 de la mañana. Será entonces cuando se determine la sanción específica para Omar Menjívar, quien podría enfrentar multas económicas y prisión, dependiendo del alcance del fallo.
Reacciones de las partes implicadas
Tras conocer el veredicto, Menjívar expresó su desacuerdo con el fallo, calificándolo de «débil e inconsistente». Reiteró que sus declaraciones no tuvieron la intención de difamar, sino de exigir transparencia en la administración pública.
Sin embargo, para Roberto Contreras, el resultado judicial es una reivindicación tras lo que calificó como «ataques injustos». «No se trata de un tema personal, sino de dignidad y respeto a la verdad», señaló.
Impacto político y social
Este caso ha intensificado las tensiones políticas en San Pedro Sula, evidenciando las fracturas en la relación entre el alcalde y el vicealcalde, quienes comparten responsabilidades en la administración municipal. Para muchos, el fallo es una advertencia sobre los límites de la libertad de expresión en contextos políticos, mientras que otros lo ven como una herramienta para garantizar el respeto mutuo y la rendición de cuentas en el ejercicio del poder.
A medida que se acerca la fecha de la audiencia final, la opinión pública sigue dividida. Mientras algunos ciudadanos consideran que la sentencia es un acto de justicia, otros creen que podría sentar un precedente que limite las críticas legítimas dentro de un sistema democrático.
Lo cierto es que este proceso judicial ha abierto un nuevo capítulo en la política hondureña, subrayando la necesidad de un debate más profundo sobre el balance entre la libertad de expresión y la protección del honor en el ámbito público.
