28 de enero de 2025
El punto de taxis que opera entre la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) y la colonia Kennedy enfrenta una grave crisis debido al cobro de extorsiones, conocido como el “impuesto de guerra”. Esta situación ha reducido drásticamente las operaciones del servicio, dejando a los conductores y usuarios en una posición sumamente vulnerable.
Los conductores, quienes pidieron no ser identificados por temor a represalias, describen el panorama como insostenible. “Estamos pagando demasiado en extorsión. Teníamos puntos en Residencial Plaza, en Plaza Miraflores y en la Kennedy, pero ahora ya no se puede trabajar por tanto delincuente”, expresó uno de los taxistas afectados.
La presión económica sobre los conductores es devastadora: cada semana deben entregar 1,200 lempiras a diferentes estructuras criminales. “No podemos seguir trabajando solo para entregar dinero a personas que andan haciendo cosas ilícitas. Estamos pagando a al menos cinco grupos distintos”, añadió otro trabajador del sector, evidenciando la fragmentación del control criminal en la zona.
El impacto en la operatividad
El temor y la falta de ingresos han llevado a que el servicio opere a “medio vapor”. La disminución en el número de unidades afecta no solo a los conductores, sino también a los usuarios que dependen de este transporte para movilizarse en una de las rutas más transitadas de Tegucigalpa.
“Nos están quitando la posibilidad de trabajar con dignidad. Cada vez que salimos a la calle no sabemos si regresaremos a casa”, señalaron los taxistas, quienes también denunciaron amenazas constantes y agresiones por parte de los extorsionadores.
Un problema que cobra vidas
La gravedad de la situación se refleja en el aumento de la violencia. Solo en el primer mes de 2025, varios trabajadores del transporte han perdido la vida en incidentes relacionados con el cobro de extorsiones. Los dirigentes del sector han hecho un llamado urgente a las autoridades para que intervengan y brinden soluciones efectivas a esta crisis que amenaza no solo la estabilidad económica de miles de familias, sino también la seguridad de los ciudadanos.
Peticiones a las autoridades
“Estamos de rodillas ante la delincuencia. Si las autoridades no hacen algo pronto, este problema se llevará por delante a todo el rubro”, concluyó uno de los dirigentes del transporte.
La crisis de extorsiones no solo afecta al sector transporte, sino que también refleja una problemática más amplia en la lucha contra la inseguridad en Honduras, donde la población sigue esperando soluciones contundentes para recuperar la tranquilidad en sus comunidades.
