El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) de Honduras ha iniciado una investigación de oficio sobre pagos irregulares al exsecretario del Congreso Nacional, Carlos Zelaya, quien, a pesar de haber renunciado en septiembre de 2024, continuó recibiendo un salario mensual de 175,000 lempiras.
La renuncia de Zelaya se produjo tras la difusión de un video en el que se le veía en una reunión con narcotraficantes en 2013, negociando fondos para la campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre).
Analistas y expertos han instado al TSC a actuar de oficio en este caso, señalando la posible responsabilidad administrativa y civil de los funcionarios involucrados en la autorización y realización de estos pagos.
A pesar de su dimisión, informes periodísticos revelaron que continuó recibiendo pagos mensuales del Congreso Nacional hasta febrero de 2025.
El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) denunció estos pagos irregulares, lo que llevó al TSC a iniciar una auditoría para determinar posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas.
La investigación también ha puesto en el foco a la gerencia administrativa y al presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, quienes podrían enfrentar consecuencias legales si se comprueba su implicación en estos pagos irregulares.
Este caso ha generado un intenso debate público sobre la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones gubernamentales de Honduras, subrayando la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión para prevenir actos de corrupción.
