La empresa mercantil Koriun Inversiones, la cual estaba captando recursos financieros de manera irregular entre más de 35,000 inversionistas, fue asegurada ayer por el Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y su Sección Contra el Delito de Lavado de Activos.
Según el MP, se evidenció que el funcionamiento de dicha empresa era bajo un esquema Ponzi, que representa un riesgo para la estabilidad del sistema financiero nacional.
Posteriormente, inspecciones realizadas en enero del 2025 revelaron la falta de documentación legal y financiera que acreditara el uso y destino de los recursos.
Las investigaciones establecieron que Koriun Inversiones ofrecía a sus clientes una rentabilidad semanal del 5 por ciento, equivalente al 20 por ciento mensual, asegurando a sus clientes que recuperarían su inversión en cinco meses.
Para atraer a más personas, emplearon una intensa campaña en redes sociales, principalmente en TikTok. En 2024, la empresa reportó ingresos por más de 86.9 millones de lempiras, provenientes de unos 35,000 inversionistas, sin embargo, no contaba con autorización de la CNBS ni estaba inscrita en el Registro de Actividades no Profesionales Designadas (APNFD).
Junto con el aseguramiento de la empresa, el MP confiscó bienes, vehículos y cuentas bancarias de sus representantes en San Pedro Sula y Choloma.
“Koriun Inversiones” operaba en al menos siete departamentos y, según las investigaciones, se encontraba en proceso de evadir responsabilidades e incluso podría haber intentado fugarse del país.
El esquema Ponzi es una modalidad de estafa piramidal en la que una empresa atrae inversionistas prometiendo altos rendimientos en poco tiempo, pero paga esos beneficios utilizando el dinero de nuevos inversionistas, en lugar de generar ganancias legítimas. Este tipo de estructuras no son sostenibles, colapsan y generan enormes pérdidas económicas.
El portavoz de la ATIC, Jorge Galindo expresó que “estas acciones son con el fin de salvaguardar el patrimonio de la población hondureña, este tipo de inversiones funcionan dos o tres años y cuando tienen en su haber un importante activo, cantidades millonarias, desaparecen y se podría convertir en una estafa masiva”.
Quienes invirtieron dinero en la empresa, “pueden abocarse al Ministerio Público o a la OABI con el respaldo documental correspondiente para que se les pueda devolver lo que ellos han invertido”, explicó.
