Tegucigalpa, 16 de mayo de 2025. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha instado al gobierno de Honduras a poner fin al estado de excepción vigente desde diciembre de 2022, argumentando que su prolongación representa una amenaza para los derechos humanos y el proceso democrático del país.
La medida, inicialmente adoptada como respuesta a la grave situación de inseguridad provocada por organizaciones criminales, ha sido prorrogada en múltiples ocasiones, suspendiendo seis garantías constitucionales fundamentales. Según la OACNUDH, esta situación ha derivado en «graves violaciones de derechos humanos» y ha perdido su carácter excepcional, convirtiéndose en una práctica habitual que socava el estado de derecho.
La preocupación se intensifica en el contexto de las próximas elecciones generales programadas para noviembre de 2025. Diversas organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales han alertado sobre los riesgos que implica la realización de comicios bajo un estado de excepción, señalando que limita las libertades de expresión, asociación, reunión pacífica y circulación, esenciales para un proceso electoral libre y transparente.
Además, se ha señalado que el Congreso Nacional de Honduras ha ratificado formalmente solo cinco de los diecisiete decretos ejecutivos emitidos para extender esta medida desde diciembre de 2022, lo que plantea cuestionamientos legales sobre su legitimidad.
La OACNUDH ha instado al Estado hondureño a garantizar un ambiente propicio para el ejercicio pleno de las libertades fundamentales y a revisar integralmente su estrategia de seguridad pública, absteniéndose de seguir prorrogando el estado de excepción. Asimismo, ha recordado la obligación de informar al Secretario General de la ONU sobre la implementación de medidas excepcionales, conforme al artículo 4.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por Honduras.
En este contexto, la comunidad internacional y los ciudadanos hondureños observan con atención las decisiones del gobierno, esperando que se priorice el respeto a los derechos humanos y se garantice un proceso electoral democrático y transparente.
Este artículo se basa en información proporcionada por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y otras fuentes relevantes.
