sábado, marzo 7, 2026

Defensa de Romeo Vásquez Velásquez cuestiona legalidad del video presentado por el Ministerio Público

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Tegucigalpa, Honduras – 29 de mayo de 2025
La defensa del general retirado Romeo Vásquez Velásquez denunció públicamente que el video recientemente presentado por el Ministerio Público (MP) como supuesto medio probatorio carece de validez legal y no puede ser admitido como prueba en un proceso judicial, por considerarse una evidencia obtenida de manera irregular y contraria a los principios del debido proceso.

El abogado Hermes Ramírez, apoderado legal del exjefe de las Fuerzas Armadas, aseguró que el material audiovisual difundido por el ente fiscal “no sólo es una prueba ilícita, sino que además constituye un elemento prohibido dentro del proceso penal”.

“Hay un protocolo riguroso para la obtención de estos medios de prueba. Si no se cumplen los pasos legales que garantizan su legitimidad, la evidencia carece de eficacia probatoria y no puede utilizarse como fundamento en un juicio”, declaró Ramírez ante medios de comunicación.

Argumentos legales

El defensor se amparó en el Artículo 200 del Código Procesal Penal, el cual establece con claridad las condiciones bajo las cuales una prueba se considera ilícita y, por ende, prohibida. De acuerdo con esta disposición, si la recolección de un elemento probatorio se realizó sin autorización judicial o vulnerando derechos constitucionales, dicho material debe ser excluido del proceso.

“En el caso del video, si fue obtenido sin la debida autorización o si se filtró desde otro proceso judicial, no puede ser admitido. No basta con presentarlo ante el tribunal: deben demostrar la forma y legalidad con la que fue obtenido, lo cual no han hecho”, puntualizó Ramírez.

Asimismo, insistió en que el origen del video es fundamental para determinar su legalidad. Según dijo, si dicho material fue divulgado previamente en otros escenarios, utilizado en otras jurisdicciones o no fue recogido por las autoridades competentes, se invalida completamente como prueba.

Exigencia de transparencia

Ante la polémica, la defensa de Vásquez Velásquez exigió que el Ministerio Público aclare de manera inmediata cómo fue obtenido el video y bajo qué condiciones fue incorporado al expediente del caso.

“No se puede permitir que se violen los derechos fundamentales de ninguna persona, menos aún en un proceso judicial de alta sensibilidad política y mediática como este”, afirmó Ramírez.

Por su parte, el general retirado no ha ofrecido declaraciones públicas sobre el tema, pero su equipo legal insiste en que se trata de una persecución sin fundamento y que se están vulnerando garantías básicas del debido proceso.

Un caso bajo la lupa

Romeo Vásquez Velásquez ha sido figura clave en la historia reciente de Honduras, y su nombre ha estado vinculado en ocasiones a episodios controversiales en la vida política del país. Esto ha hecho que cualquier señalamiento en su contra despierte un amplio interés público.

Aunque el Ministerio Público no ha revelado oficialmente el contenido completo del video ni ha explicado el contexto en que fue grabado, fuentes extraoficiales señalan que podría relacionarse con investigaciones recientes sobre presuntos actos irregulares durante su gestión al frente de instituciones públicas.

La defensa insiste en que este tipo de acciones responden a una estrategia de desgaste y desprestigio, y recalca que todo elemento presentado fuera del marco legal será impugnado.

Expectativa por resolución judicial

La controversia en torno a la prueba audiovisual ha puesto en el centro del debate el respeto a las normas procesales y los límites del accionar del Ministerio Público en la recolección de evidencias.

Hermes Ramírez adelantó que solicitarán que el tribunal declare inadmisible el video presentado por la Fiscalía y reiteró su confianza en que “la justicia actuará conforme a la ley y no permitirá que se vulneren los derechos del general Vásquez Velásquez”.

Mientras tanto, el caso continúa desarrollándose bajo el escrutinio de la opinión pública, a la espera de que el Poder Judicial determine si la evidencia presentada tiene mérito legal o si, como sostiene la defensa, debe ser descartada por completo.

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