Tegucigalpa, Honduras – junio de 2025
La violencia en Honduras no solo se cuenta en cifras de homicidios o en las crónicas policiales que llenan los noticieros cada día. Es un fenómeno más complejo y arraigado, profundamente vinculado con una crisis estructural de la institucionalidad del país. Así lo denuncian organizaciones de derechos humanos, expertos en seguridad, y una ciudadanía que cada vez ve con más desesperanza la inacción del Estado ante un entorno cada vez más hostil para la vida y la democracia.
“Honduras no puede seguir normalizando la muerte”, clama un reciente pronunciamiento del Centro de Investigación y Promoción de los Derechos Humanos (CIPRODEH), aludiendo a la indiferencia con la que muchos crímenes quedan impunes y sin respuesta por parte de las autoridades. Para muchos, lo más grave no es solo la violencia física —que por sí misma es alarmante—, sino la permisividad con la que se permite que el crimen y la corrupción sigan operando con total impunidad.
La violencia más allá de las balas
En 2024, Honduras cerró el año con una tasa de homicidios de 37 por cada 100,000 habitantes, una de las más altas del continente, según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH. Pero detrás de esas cifras hay un subregistro de violencia que no siempre se cuantifica: desapariciones forzadas, desplazamiento interno por amenazas, violencia contra mujeres y líderes sociales, y un clima generalizado de miedo.
La violencia no afecta a todos por igual. Mujeres, jóvenes, comunidades indígenas, periodistas y defensores de derechos humanos viven bajo una amenaza constante. De acuerdo con el Comité por la Libre Expresión (C-Libre), solo en 2024 se documentaron más de 150 agresiones contra comunicadores, incluyendo asesinatos, amenazas y censura.
“Lo que vivimos en Honduras no es solamente una expresión del crimen organizado o de pandillas; es el reflejo de un Estado ausente, de instituciones débiles que han sido cooptadas por intereses políticos y económicos”, explica la socióloga y analista política, María Luisa Borjas.
Un Estado que calla, una sociedad que resiste
El silencio institucional ha sido uno de los elementos más críticos de esta crisis. Muchos casos de asesinatos —como el del joven ambientalista Jesús Mejía en La Paz, o la desaparición forzada de la enfermera Carla Gómez en San Pedro Sula— siguen sin respuestas. El Ministerio Público guarda silencio, las investigaciones no avanzan, y las familias de las víctimas deben enfrentar, además del duelo, la impotencia de un sistema que parece diseñado para no funcionar.
A esto se suma el creciente número de funcionarios públicos vinculados a redes de corrupción, narcotráfico y abusos de poder. El caso del exdirector de la Policía Nacional, acusado de colaborar con estructuras criminales, es solo uno de los múltiples ejemplos de cómo las instituciones se han visto comprometidas.
“El silencio, la impunidad y la inacción generan un entorno cada vez más hostil para la vida”, denuncia la organización humanitaria Casa Alianza. “Cuando la ley no se aplica, cuando los jueces son presionados o comprados, cuando las fiscalías no investigan, el crimen se convierte en política de Estado por omisión”.
Una democracia debilitada
La democracia hondureña está siendo erosionada no por un golpe visible, sino por una serie de omisiones y permisividades que, poco a poco, van minando la confianza ciudadana. El desinterés institucional ante las múltiples violencias genera un clima de desesperanza que favorece la desmovilización social y abre la puerta a soluciones autoritarias.
Organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han advertido sobre los riesgos del deterioro institucional en Honduras. En su último informe, alertaron que “la falta de respuesta estatal ante las violaciones de derechos humanos contribuye al debilitamiento del Estado de derecho y a la repetición de estas violaciones”.
Exigir respuestas, no acostumbrarse
“No podemos acostumbrarnos a que morir en Honduras sea un hecho cotidiano”, expresa indignada Lidia Romero, madre de un joven asesinado en Choloma y cuya denuncia no ha recibido seguimiento en más de ocho meses. Como ella, miles de hondureños exigen que la justicia sea algo más que un discurso en tiempos electorales.
La presión social ha llevado a algunos avances, como la creación de mecanismos de protección para periodistas y defensores de derechos humanos. Sin embargo, estos esfuerzos son aislados y muchas veces carecen de presupuesto o voluntad política para implementarse de forma efectiva.
“Se necesita una reforma profunda, no solo en el sistema de justicia, sino en toda la institucionalidad del país”, sostiene el abogado Joaquín Mejía. “De lo contrario, seguiremos atrapados en un ciclo de violencia e impunidad que terminará por destruir lo que queda de democracia”.
