Tegucigalpa, 20 de junio de 2025 — Las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FF. AA.), general Roosevelt Hernández, han desatado una fuerte polémica en los círculos políticos, académicos y de la sociedad civil, al afirmar que la institución castrense es un “instrumento al servicio del poder político” y no actúa de forma independiente, reafirmando una postura de subordinación total al gobierno de turno.
Durante una entrevista televisiva brindada este jueves, Hernández fue enfático al declarar: “Es el poder político el que comanda. Nosotros somos instrumentos de apoyo y poder. No tomamos decisiones que le corresponden al poder político”. Con estas palabras, el alto mando militar dejó en claro que las Fuerzas Armadas se limitan a ejecutar las políticas públicas definidas por el gobierno, sin deliberar ni intervenir en las decisiones estratégicas.
La posición del general Hernández no tardó en generar una ola de reacciones. Varios sectores han considerado sus palabras como un desliz peligroso que puede erosionar los cimientos del orden constitucional. La inquietud aumentó tras la publicación de un comunicado conjunto firmado por diversas organizaciones nacionales, entre ellas Defensores de Honduras, la Reserva Militar Nacional, el Consejo Patriótico de la Sociedad Civil y otras entidades democráticas.
Preocupación desde la sociedad civil
En el documento público difundido tras la entrevista del general Hernández, las organizaciones firmantes expresaron su “profunda preocupación por el peligroso desvío institucional que tales afirmaciones representan”, al considerar que reducir a las FF. AA. a un “simple instrumento del poder político” atenta contra el equilibrio de poderes, la democracia y la voluntad soberana del pueblo hondureño.
“El artículo 272 de la Constitución es claro: las Fuerzas Armadas son una institución nacional, profesional, apolítica, obediente y no deliberante. Su misión es defender la soberanía, la integridad territorial, el orden constitucional y el Estado de Derecho. No pueden ser vistas como herramientas de un gobierno”, reza el pronunciamiento.
Las organizaciones advierten que una subordinación política excesiva de los cuerpos militares puede derivar en delitos graves, como el abuso de autoridad, prevaricación militar, sedición e incluso traición a la patria, según lo contemplado en el Código Penal hondureño.
Llamado a la cadena de mando y a la institucionalidad
En el mismo comunicado, se hace un llamado directo a los oficiales subalternos y a toda la cadena de mando de las Fuerzas Armadas a que mantengan “lealtad a la Constitución y al pueblo hondureño, no a personas o ideologías”. La advertencia es clara: el respeto al marco legal es el único camino legítimo para preservar la paz, la democracia y la estabilidad institucional del país.
“La historia de América Latina está plagada de ejemplos en los que el uso político de las Fuerzas Armadas desembocó en regímenes autoritarios y golpes de Estado. No podemos permitir que Honduras siga ese camino”, sostienen los firmantes del comunicado.
¿Instrumentos o garantes del orden constitucional?
La controversia ha abierto un debate de fondo sobre la verdadera naturaleza del papel de las Fuerzas Armadas en una democracia constitucional. Mientras el general Hernández defiende una interpretación que privilegia la subordinación al poder político como principio de obediencia institucional, sus críticos señalan que tal visión contradice el espíritu apolítico y nacional de las FF. AA., y podría convertirlas en instrumentos de intereses partidarios, algo expresamente prohibido por la Constitución.
Analistas consultados por diversos medios coinciden en que este episodio evidencia la necesidad de una revisión profunda del rol que debe cumplir el estamento militar en tiempos democráticos, particularmente en contextos donde la estabilidad institucional es frágil y la confianza en las instituciones públicas se ve erosionada.
Una discusión aún abierta
Al cierre de esta edición, el general Hernández no había emitido una respuesta directa al comunicado de las organizaciones civiles, aunque voceros militares afirmaron que sus declaraciones fueron “malinterpretadas” y que el jefe del Estado Mayor reafirma su respeto a la Constitución y al Estado de Derecho.
Mientras tanto, la polémica continúa escalando, y varios diputados del Congreso Nacional han solicitado que se convoque a una audiencia especial para que el general Hernández explique ante una comisión legislativa el alcance de sus afirmaciones. Otros han propuesto que se promueva un diálogo nacional sobre la institucionalidad militar y su relación con el poder civil.
Lo cierto es que, más allá de la retórica, el país se encuentra ante una disyuntiva de fondo: ¿cómo asegurar que las Fuerzas Armadas sirvan a la nación sin convertirse en instrumentos de intereses políticos? La respuesta, según muchos, será clave para el futuro de la democracia hondureña.
