23 de junio de 2025
La falta de placas vehiculares en Honduras se ha convertido en un problema crónico, que trasciende gobiernos y que afecta directamente a miles de ciudadanos que, tras adquirir un automóvil, se ven obligados a circular sin la debida identificación legal. A pesar de las promesas gubernamentales y de múltiples contrataciones fallidas, en 2025 el país sigue sin resolver la crisis de emisión de placas metálicas, sumando ya más de cinco años de retrasos, improvisaciones y cuestionamientos.
Una historia de licitaciones fracasadas y procesos opacos
Desde 2021, Honduras enfrenta serias dificultades para abastecerse de placas vehiculares. El problema se ha agravado debido a licitaciones declaradas fracasadas, procesos de contratación directa sin resultados concretos y falta de claridad por parte del Instituto de la Propiedad (IP), entidad responsable del proceso.
En septiembre de 2023, la situación pareció tener un giro cuando el IP anunció una nueva licitación internacional para la producción y entrega de placas. Sin embargo, esta también terminó sin adjudicación, a pesar de que la empresa Troquelados e Impresos de Seguridad S.A. (TISA) había presentado una oferta formal por 257 millones de lempiras. La empresa fue descartada, según el IP, por supuestos incumplimientos contractuales anteriores, aunque nunca se publicó un informe técnico claro que justificara dicha decisión.
Contratación directa, sin resultados visibles
Tras el fracaso de la licitación, el IP optó por recurrir a una figura legal polémica: la contratación directa. A inicios de 2024, adjudicó el contrato a la empresa mexicana Placas y Señalamientos Mexicanos S.A. de C.V., sin convocar a un nuevo concurso público.
No obstante, hasta la fecha no se ha entregado una sola placa metálica, y los usuarios continúan circulando con placas de papel o sin ninguna identificación. El contrato, valorado en más de 300 millones de lempiras, ha sido criticado por su opacidad y por la falta de cronogramas públicos de entrega.
Inseguridad, corrupción y cobros injustos
El impacto de la falta de placas metálicas va más allá del desorden administrativo. La crisis ha provocado un aumento en la falsificación de placas de papel, afectando la seguridad vial y dificultando el trabajo de la Policía Nacional en la identificación de vehículos implicados en actos delictivos.
Asimismo, muchos ciudadanos denuncian que se les cobra la matrícula completa, incluyendo el valor de la placa, sin que se les entregue el producto. En algunos casos, los usuarios han pagado dos o tres veces el trámite debido a vencimientos, pérdida de documentos o cambio de vehículo.
Además, varios informes periodísticos han señalado posibles irregularidades y conflictos de interés dentro del proceso de adjudicación, aunque hasta el momento no se han abierto investigaciones formales por parte del Ministerio Público.
Promesas recicladas y sin soluciones a la vista
Este nuevo episodio en la larga crisis de las placas vehiculares refleja la ineficiencia institucional y la falta de voluntad política para resolver un problema que afecta a cientos de miles de personas. Mientras tanto, las oficinas del IP siguen recibiendo solicitudes diarias de nuevos propietarios de vehículos que, en vez de una placa legal, reciben un cartón temporal que puede durar años.
La ciudadanía, por su parte, exige respuestas y soluciones reales. Los conductores piden que se detenga el cobro por un servicio que no se está brindando y que se implementen medidas urgentes para garantizar el orden y la legalidad en el parque vehicular hondureño.
A junio de 2025, Honduras continúa sumando otro año más sin placas metálicas. La promesa de modernizar el sistema de identificación vehicular sigue siendo solo eso: una promesa, empolvada entre archivos burocráticos, contratos sin ejecutar y el silencio de las autoridades responsables.
