fondos de la Tasa de Seguridad ha sido destinado a vehículos blindados, jugosos viáticos, combustibles y compras opacas.
25 de junio de 2025
Redacción Central
En Honduras, la Tasa de Seguridad Poblacional fue concebida como un mecanismo para financiar estrategias de combate al crimen, fortalecimiento institucional y mejora de la seguridad ciudadana. Sin embargo, más de una década después de su creación, su ejecución continúa generando fuertes cuestionamientos. Actualmente, seis instituciones estatales manejan estos recursos, pero ninguna ofrece información completa ni desglosada sobre el destino exacto del dinero, lo que ha encendido las alarmas entre expertos, organizaciones civiles y sectores de oposición.
Aunque los fondos deberían enfocarse en estrategias de prevención de la violencia, mejora del sistema judicial, fortalecimiento policial y modernización de la inteligencia del Estado, gran parte del dinero ha sido destinado a gastos que poco o nada tienen que ver con esos objetivos: vehículos blindados, jugosos viáticos, combustibles y compras opacas.
Carros blindados y viáticos abultan el presupuesto
Una investigación preliminar señala que una porción significativa del presupuesto de la Tasa de Seguridad es usada por algunas instituciones para adquirir carros blindados de lujo, supuestamente para “funciones operativas”. Sin embargo, no hay evidencia pública que respalde que estas unidades estén siendo empleadas exclusivamente para tareas de seguridad nacional o de combate al crimen.
También se han detectado altos montos destinados a viáticos tanto en el país como en el extranjero. No existe un control estricto ni auditoría externa que certifique la necesidad o los resultados de esos viajes, lo que genera sospechas sobre su pertinencia. Además, los montos asignados por concepto de combustible han crecido de forma desproporcionada en los últimos años, sin que se rinda cuenta de su utilización específica.
Instituciones sin transparencia
Las seis instituciones beneficiadas por la Tasa de Seguridad son el Despacho Presidencial, la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Defensa, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia y la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI). A pesar de manejar recursos millonarios, ninguna publica informes detallados y desglosados sobre los gastos ejecutados.
La falta de transparencia es aún más preocupante considerando que, según los últimos datos disponibles, entre 2022 y 2024 se ejecutaron más de 12,000 millones de lempiras provenientes de esta tasa. La mayoría de las licitaciones son por excepción o declaradas confidenciales, lo cual impide el escrutinio público. Incluso el portal oficial de la Tasa de Seguridad, que en el pasado ofrecía informes trimestrales, ha dejado de actualizarse de forma periódica.
Sociedad civil pide auditorías independientes
Organizaciones como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) han solicitado públicamente que se realicen auditorías independientes sobre el uso de estos fondos. «No se trata solo de saber cuánto se ha gastado, sino en qué, por qué y si ha tenido impacto en los índices de seguridad», señaló Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de la ASJ.
También han pedido que se elimine el carácter confidencial de muchas de las compras realizadas por las instituciones, argumentando que si bien algunas operaciones de seguridad pueden requerir reserva, eso no debe ser la norma para todo el gasto.
¿Dónde está el impacto?
A pesar del millonario flujo de dinero canalizado a través de la Tasa de Seguridad, Honduras sigue registrando altos índices de criminalidad, desplazamiento forzado por violencia y percepción de inseguridad. Incluso sectores dentro del mismo gobierno han comenzado a cuestionar la eficacia de la medida. El diputado Guillermo Sandoval, miembro de la comisión legislativa de seguridad, declaró: “Tenemos que preguntarnos si estamos invirtiendo en seguridad o financiando el confort de algunos altos funcionarios”.
La necesidad de una reforma
La presión pública ha crecido, y con ella los llamados a reformar el mecanismo de la Tasa de Seguridad. Entre las propuestas están:
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Someter todos los gastos a fiscalización de la Auditoría Superior del Estado.
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Crear una unidad ciudadana de control con acceso a la documentación financiera.
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Transparentar en tiempo real las compras y contrataciones realizadas.
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Establecer límites a los gastos administrativos y personales.
Hasta ahora, el gobierno no ha respondido a estas exigencias, y el tema permanece bajo una especie de manto institucional que dificulta el acceso a información. Mientras tanto, la ciudadanía sigue cuestionando cómo es posible que, en un país con profundas carencias en salud, educación y justicia, se siga usando un fondo para la seguridad en fines que poco tienen que ver con la protección de la población.
El debate sobre la Tasa de Seguridad no solo pone en juego la eficacia del Estado frente a la criminalidad, sino también la confianza de los hondureños en sus instituciones. Sin transparencia, difícilmente se puede hablar de seguridad.
